La petrolera francesa TotalEnergies ha oficializado la reactivación de su multimillonario proyecto de gas natural licuado (GNL) en Mozambique, una iniciativa que permaneció en suspenso durante casi cinco años debido a la escalada de la insurgencia islamista en la provincia de Cabo Delgado.
El director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, confirmó el cese de la declaración de fuerza mayor durante una ceremonia a la que asistió el presidente Daniel Chapo. Este proyecto, que representa una de las mayores inversiones privadas en infraestructura energética africana, busca posicionar a Mozambique como un exportador clave de GNL a nivel mundial, con la promesa de generar miles de empleos.
La paralización inicial se produjo tras un violento ataque yihadista en 2021, que dejó un saldo estimado de 800 víctimas y supuso un revés significativo para las ambiciones energéticas del país. Aunque TotalEnergies ya había retirado la declaración de fuerza mayor en octubre, el anuncio formal marca un punto de inflexión en la cooperación entre el gigante energético y Maputo.
El gobierno de Chapo ha interpretado el reinicio como una "hazaña significativa para la economía nacional" y una reafirmación de la confianza internacional en la estabilidad institucional y el potencial del país. No obstante, la compañía energética ya había solicitado al gobierno una compensación de 4.500 millones de dólares por sobrecostes derivados de la demora.
Geopolíticamente, la seguridad sigue siendo una preocupación central. A pesar de que los ataques no han alcanzado la magnitud del incidente de 2021, la insurgencia en el norte de Mozambique continúa activa, cobrándose más de 6.200 vidas desde 2017, según datos de la ONG Acled.
Desde la perspectiva de la sostenibilidad y el desarrollo social, grupos ambientalistas han calificado el proyecto como una potencial "bomba climática". Sus críticas se centran en que los beneficios económicos podrían no traducirse en mejoras sustanciales para la población, dado que más del 80% de los mozambiqueños vivían bajo el umbral de pobreza de 3 dólares diarios en 2022, según el Banco Mundial.
El éxito a largo plazo de esta reactivación dependerá críticamente de la capacidad del gobierno para asegurar la zona de operaciones y gestionar las expectativas de desarrollo inclusivo, equilibrando la necesidad de inversión extranjera con las demandas sociales internas. La reanudación de las obras se observa, por tanto, bajo una lupa tanto financiera como de seguridad regional.