El joven iraní Erfan Soltani, arrestado en enero en Fardis, cerca de Teherán, en medio de las protestas nacionales, fue liberado bajo fianza el pasado sábado, informaron fuentes cercanas al caso. La noticia surge después de que grupos de derechos humanos, como Hengaw, reportaran que Soltani, dueño de una tienda de ropa, había sido sentenciado a la ejecución en un proceso acelerado.
La información inicial indicaba que la familia de Soltani había sido notificada de una ejecución inminente, aunque el poder judicial iraní negó la pena capital, afirmando que enfrentaba cargos de seguridad con penas de prisión únicamente. El abogado de Soltani, Amir Mousakhani, confirmó a la agencia AFP que su cliente recibió su libertad tras pagar dos mil millones de tomanes, equivalente a unos 12.600 dólares.
La divulgación de la supuesta sentencia de muerte generó una fuerte reacción internacional, incluyendo advertencias de Estados Unidos sobre posibles "acciones muy firmes" si se llevaban a cabo las ejecuciones. El gobierno iraní, por su parte, desestimó los reportes como "fabricación de noticias flagrante", según declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.
La tensión en torno a las detenciones y sentencias sigue siendo alta, con grupos monitoreando el número de víctimas fatales desde el inicio de los disturbios a finales de diciembre. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en EE. UU. investiga más de seis mil muertes confirmadas, mientras que Iran Human Rights (IHR) advierte que el saldo final podría superar las veinticinco mil personas.
Analistas observan la liberación bajo fianza como una posible mitigación de la presión internacional ejercida sobre Teherán respecto al trato de los detenidos. No obstante, el líder supremo, Ayatolá Alí Jamenei, reiteró acusaciones contra los manifestantes por atacar infraestructuras estatales y fuerzas de seguridad.
El caso de Soltani subraya la opacidad del sistema judicial iraní durante períodos de inestabilidad política, donde la información oficial y la reportada por grupos externos a menudo difieren sustancialmente. La vigilancia sobre los procesos judiciales relacionados con las protestas se mantiene como un punto focal en la geopolítica regional.
