Las fuerzas de seguridad israelíes enfrentan acusaciones cada vez más graves de estar desmantelando el 'statu quo' —un acuerdo centenario que regula los lugares religiosos en Jerusalén— con el fin de ejercer un control total sobre el culto musulmán y cristiano. Los observadores advierten que las acciones recientes representan un giro hacia un modelo sionista que margina a las poblaciones palestinas autóctonas de la ciudad.
Las tensiones alcanzaron un punto crítico durante la reciente temporada festiva. El Sábado Santo, las fuerzas israelíes arrestaron a cristianos palestinos que intentaban llegar a la Iglesia del Santo Sepulcro. Al día siguiente, durante la Pascua ortodoxa, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, encabezó una incursión de sus seguidores en la Explanada de las Mezquitas, donde realizaron oraciones desafiando las prohibiciones vigentes desde hace mucho tiempo contra los rituales no musulmanes en el lugar.
Estos incidentes se suman a un cierre sin precedentes de 40 días tanto de la Explanada de las Mezquitas como de la Iglesia del Santo Sepulcro. Durante ese periodo, a líderes religiosos, incluido el cardenal Pierbattista Pizzaballa, se les impidió oficiar los servicios del Domingo de Ramos, y la mezquita permaneció cerrada durante todo el mes sagrado de Ramadán y la festividad de Eid al-Fitr.
Un desafío a los acuerdos históricos
El statu quo es un marco establecido durante el periodo otomano y posteriormente consagrado en tratados internacionales, incluidos el Tratado de París de 1856 y el Tratado de Berlín de 1878. Este dicta derechos específicos para las comunidades religiosas y designa al Waqf islámico como administrador de la Explanada de las Mezquitas. Organismos internacionales, incluida la ONU, han reafirmado anteriormente estas protecciones como esenciales para el estatus de 'corpus separatum' de la ciudad.
Los críticos sostienen que Israel se ha alejado de estos compromisos históricos en favor de una vaga política de 'libertad de acceso'. Argumentan que esta política sirve como pretexto para permitir la entrada de colonos armados en lugares sensibles, mientras que, simultáneamente, restringe el movimiento del clero palestino y de los fieles mediante un rígido sistema de permisos.
'La ocupación israelí considera a los cristianos y musulmanes palestinos como simples residentes, en lugar de un pueblo con raíces ancestrales en la ciudad', señala un análisis de observadores familiarizados con la gobernanza religiosa de la región. Sostienen que esta política está diseñada para alinearse con la visión de que Jerusalén debe funcionar como una ciudad exclusivamente judía, ignorando a menudo los derechos de los habitantes no judíos.
El gobierno israelí sostiene que sus medidas de seguridad son necesarias para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos señalan la revocación de permisos de residencia al clero y la detención de líderes religiosos locales, como el jeque Mohammad al-Abassi, como evidencia de una estrategia más amplia para ejercer dominio político sobre las instituciones religiosas. Mientras la comunidad internacional debate el estatus de la ciudad, la brecha entre la política oficial israelí y las protecciones históricas establecidas por el derecho internacional sigue ensanchándose.
