La candidata del Partido Progreso Social Democrático, Laura Fernández, se alzó con la victoria en las elecciones presidenciales de Costa Rica, según reportes con más del 88% de los votos escrutados. Fernández superó el umbral del 40% necesario para evitar una segunda vuelta, consolidando su triunfo sobre el centrista Álvaro Ramos, quien reconoció la derrota. Su plataforma se centró en la profundización de las políticas de seguridad implementadas por el presidente saliente, Rodrigo Chaves.
Fernández, quien fungió como jefa de gabinete de Chaves, se comprometió a replicar las políticas de su predecesor, quien no pudo postularse para un segundo mandato consecutivo debido a las restricciones constitucionales. La victoria directa simplifica la transición, aunque el presidente saliente podría ocupar un puesto en su nuevo gabinete, señalando una continuidad política significativa.
La principal motivación detrás del voto a favor de Fernández fue la escalada de la violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico en el país, tradicionalmente uno de los más seguros de la región. En campaña, Fernández indicó su intención de declarar estados de emergencia en zonas controladas por pandillas y finalizar la construcción de una cárcel de alta seguridad inspirada en el modelo salvadoreño.
Analistas señalan que Fernández buscará emular aspectos del enfoque de seguridad del presidente Nayib Bukele en El Salvador, cuyo método de mano dura ha reducido drásticamente las tasas de homicidios. A pesar de las críticas de opositores sobre una posible erosión de derechos, Fernández afirmó que su gobierno será de "diálogo y armonía nacional, respetuoso y firmemente basado en el Estado de derecho".
La nueva administración contará previsiblemente con mayor apoyo legislativo que el gobierno anterior, ya que su partido obtuvo 30 de los 57 escaños en la Asamblea Legislativa. Esta mayoría parlamentaria podría facilitar la aprobación de las iniciativas de seguridad y migratorias, a diferencia de los desafíos enfrentados por Chaves con un congreso dominado por la oposición.
En materia exterior, se espera que Fernández mantenga la estrecha cooperación con Estados Unidos, especialmente en temas de seguridad y migración. Esto incluye el acuerdo de "tercer país seguro" firmado por Chaves, que permite a EE. UU. deportar migrantes a Costa Rica desde naciones consideradas inseguras.
Costa Rica enfrenta el reto de contener la expansión de grupos criminales transnacionales que utilizan el territorio como punto de tránsito clave para el tráfico de cocaína hacia Norteamérica, según han señalado autoridades estadounidenses. La gestión de Fernández estará marcada por su capacidad para implementar medidas estrictas sin desestabilizar las instituciones democráticas del país.