Las autoridades iraníes llevaron a cabo al menos 1.639 ejecuciones en 2025, según un nuevo informe conjunto de la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y el grupo Together Against the Death Penalty (ECPM), con sede en París. Esta cifra representa un aumento del 68 por ciento respecto a 2024, año en el que 975 personas fueron ejecutadas.
Los hallazgos establecen que, a lo largo del año, se ejecutó a una media de más de cuatro personas al día. Este total marca el número más alto de asesinatos sancionados por el Estado en Irán desde 1989, poco después de la Revolución Islámica.
Una herramienta de represión política
Los defensores de los derechos humanos sostienen que el régimen está utilizando la pena capital para sofocar la disidencia y mantener el control durante un periodo de intensa inestabilidad interna e internacional. El informe destaca que, entre los ahorcados en 2025, se encontraban 48 mujeres.
"Al infundir miedo con una media de cuatro a cinco ejecuciones diarias en 2025, las autoridades intentaron evitar nuevas protestas y prolongar su tambaleante mandato", afirmó Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR. Advirtió que, si el gobierno sobrevive a sus crisis actuales, es probable que incremente el uso de la pena de muerte como herramienta de represión.
Los investigadores de IHR señalan que sus datos representan un "mínimo absoluto", ya que la mayoría de las ejecuciones en Irán no son reportadas oficialmente por los medios estatales. La organización requiere dos fuentes independientes para confirmar cada caso antes de añadirlo a su recuento.
Tras las protestas antigubernamentales generalizadas de enero de 2026, los grupos de derechos humanos temen que la situación se deteriore aún más. Se estima que miles de personas han muerto durante la posterior represión gubernamental, y decenas de miles de ciudadanos se encuentran actualmente en centros de detención.
"La pena de muerte en Irán se utiliza como una herramienta política de opresión y represión, con una representación desproporcionada de minorías étnicas y otros grupos marginados entre los ejecutados", declaró Raphaël Chenuil-Hazan, director ejecutivo de ECPM. El informe identifica específicamente a las poblaciones minoritarias kurda y baluchi como las que corren un mayor riesgo.
A pesar del conflicto en curso con Estados Unidos e Israel, el poder judicial iraní ha seguido dictando y ejecutando sentencias capitales. Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, las autoridades han ejecutado a siete personas en relación con las protestas de enero, incluidos seis miembros del grupo opositor Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK) y un ciudadano con doble nacionalidad iraní-sueca acusado de espionaje.
