El historiador y analista político peruano Daniel Parodi advierte que la corrupción se ha convertido en una fuerza transversal dentro del Estado peruano, poniendo en riesgo la integridad institucional del país ante la proximidad de las próximas elecciones presidenciales.
En entrevista con Al Pan Pan, Parodi señaló que un eje central de la actual campaña presidencial es la necesidad urgente de rescatar las instituciones estatales de la influencia criminal.
Sostuvo que diversos sectores políticos están priorizando el rescate del Estado frente a lo que describió como una "coalición mafiosa" que ha capturado instituciones clave.
Cabildeo criminal y formal
Parodi destacó cómo las actividades ilícitas, específicamente la minería ilegal y el narcotráfico, están penetrando activamente la esfera política. Señaló que las operaciones de minería ilegal ejercen una presión significativa mediante labores de cabildeo dirigidas a los miembros del Congreso.
"La corrupción está presente en el Estado de forma transversal, vinculada a ciertos poderes específicos, como la minería ilegal que hace cabildeo entre los congresistas, o el narcotráfico", afirmó Parodi.
No obstante, el analista señaló que el problema no se limita a las redes criminales. Indicó que sectores de la economía formal también utilizan la presión política para promover sus propios intereses.
"Al final, la alta burguesía formal también tiene sus propios grupos de presión", añadió Parodi.
Este escenario ha generado un diagnóstico compartido entre diversos sectores políticos sobre la necesidad de reconstruir el Estado. Parodi sostuvo que el Perú carece de una clase política profesional, ideológica e independiente que sea capaz de resistir estas presiones externas.
Mantuvo que el núcleo del debate político actual trasciende las divisiones ideológicas, centrándose, en cambio, en la defensa del Estado como una institución al servicio del bien común.
Si bien reconoció que la corrupción es un problema generalizado en toda América Latina, Parodi expresó su preocupación específica por los vínculos directos entre los legisladores y las economías ilícitas. Advirtió que los congresistas contactados por narcotraficantes o mineros ilegales podrían terminar legislando en favor de dichos grupos criminales.
Parodi señaló las recientes acciones legislativas como evidencia de esta tendencia. Citó leyes que han extendido licencias para la minería ilegal y modificaciones que han debilitado las herramientas disponibles para procesar a las organizaciones criminales.
"Nos enfrentamos a una penetración de la política por parte de una serie de intereses ilícitos", advirtió Parodi, señalando que muchos candidatos presidenciales están haciendo campaña con plataformas centradas en la recuperación de la institucionalidad estatal.