Una jueza federal en California ordenó el regreso inmediato de una ciudadana mexicana deportada, a pesar de que contaba con protección bajo el programa DACA. La magistrada Dena Coggins estableció un plazo de siete días para que el gobierno federal devuelva a María de Jesús Estrada Juárez al territorio estadounidense. Esta decisión judicial contraviene la expulsión realizada el mes pasado y resalta la complejidad de las leyes de inmigración vigentes en el país.
La deportación ocurrió el 19 de febrero tras el arresto de Estrada Juárez en Sacramento durante su entrevista para el ajuste de estatus de residencia. Los agentes de inmigración invocaron una orden de expulsión de 1998, aunque la mujer no presentaba antecedentes penales registrados en el sistema. Su hija de 22 años, ciudadana estadounidense, acompañaba a su madre en el proceso administrativo documentado en California.
El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia protegía la permanencia de la inmigrante en el país desde 2012. La jueza determinó que la protección legal estaba vigente al momento de su captura, lo que invalidó la orden de expulsión basada en un fallo anterior. Este amparo otorga permiso para trabajar y protege contra la deportación a quienes ingresaron siendo menores de edad.
La inmigrante ingresó sin inspección en Estados Unidos en diciembre de 1998 cuando tenía 15 años de edad. Fue sacada en un autobús hacia la frontera de California y México en esa ocasión tras un viaje de más de 10 horas. Regresó posteriormente siendo menor de edad y estableció su residencia familiar en el estado de California.
El fallo se emitió la noche del lunes según reportó El Universal, citando fuentes del sistema judicial federal. El gobierno de Estados Unidos debe restablecer la protección de DACA de manera inmediata para evitar sanciones legales. El Departamento de Seguridad Nacional ha enfrentado críticas por la aplicación estricta de esta norma en casos recientes.
Datos del DHS indican que al menos 270 amparados fueron expulsados del país entre enero y septiembre de 2025 bajo políticas de deportación masiva. El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado los controles migratorios en la frontera sur y en el interior del territorio. Este caso resalta la tensión entre las políticas de seguridad nacional y la protección humanitaria de inmigrantes documentados.
La situación genera preocupación en el ámbito de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores monitorea casos similares para proteger a los ciudadanos mexicanos en el extranjero. La migración sigue siendo un tema prioritario en la agenda diplomática oficial con Washington para mantener la estabilidad regional.
El plazo de siete días marca una prueba para la administración actual y su cumplimiento con mandatos judiciales. Las autoridades federales deben decidir si cumplen con el mandato judicial o buscan recursos legales adicionales. Esto podría afectar futuros procesos de ajuste de estatus y la confianza en el sistema de protección para menores.
