Un juez federal en Boston, Brian Murphy, emitió el viernes una orden judicial que detiene el plan administrativo para retirar las protecciones contra la deportación a miles de etíopes residentes en Estados Unidos. Este fallo suspende la fecha límite del 13 de febrero que obligaba a más de cinco mil personas a abandonar el país o enfrentar detención, según reportó Al Jazeera.
La decisión representa un revés legal para la administración en su esfuerzo general por finalizar las protecciones temporales destinadas a más de un millón de personas de múltiples países. El juez Murphy indicó durante una audiencia virtual que la demora es necesaria para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presente la documentación que justifique su proceso de toma de decisiones.
La demanda fue interpuesta por tres nacionales etíopes y la organización African Communities Together, tras el anuncio del DHS en diciembre sobre la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a Etiopía en 2022. Los demandantes sostienen que la administración finalizó las protecciones con solo 60 días de aviso, ignorando el conflicto armado en curso en la nación africana.
Los reclamantes también alegan que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, basó su decisión en un "ánimo inconstitucional contra inmigrantes no blancos". Esta acción se produce mientras el Departamento de Estado sigue emitiendo advertencias para que los ciudadanos estadounidenses reconsideren viajar a Etiopía debido a la inestabilidad y el riesgo de violencia esporádica.
El DHS defendió la terminación citando acuerdos de paz recientes, como el alto el fuego de 2022 en Tigray, a pesar de los informes de nuevos enfrentamientos en la región este mes. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, declaró que el TPS "nunca fue concebido como un programa de amnistía de facto", criticando su uso histórico por administraciones previas.
Este fallo sigue a una determinación similar emitida un día antes por un tribunal de apelaciones federal, que consideró ilegal el fin de las protecciones para 600.000 venezolanos. Ese panel de tres jueces afirmó que las acciones de Noem se fundamentaron en "estereotipos racistas", dejando a las personas en "un estado constante de temor a ser deportados".
Alrededor de una docena de países enfrentan ahora terminaciones de TPS como parte de la estrategia de control migratorio de la administración Trump. Cerca de 350.000 haitianos están programados para perder sus protecciones el 3 de febrero, y los somalíes enfrentan una fecha límite el 17 de marzo, a pesar de las advertencias de viaje del Departamento de Estado para Somalia.
