Un juez federal australiano dictaminó este lunes que Adriana Rivas, una exagente de la policía secreta chilena de 72 años, debe ser extraditada a su país natal para enfrentar cargos por secuestro calificado. La decisión pone fin a una larga batalla legal para la mujer, quien vivía en el suburbio de Bondi, en Sídney, trabajando como niñera y empleada doméstica desde 1978.
Las autoridades chilenas iniciaron la solicitud de extradición hace 12 años, alegando que Rivas participó en la desaparición forzada de siete personas durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Rivas ha negado sistemáticamente cualquier participación en dichos crímenes.
El legado de la DINA
La fiscalía sostiene que Rivas fue agente activa de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta establecida por Pinochet tras su golpe de Estado en 1973. Los documentos presentados por el gobierno chileno señalan que Rivas participó en la detención de víctimas mientras se desempeñaba como guardia y en otras funciones operativas.
Entre 1973 y 1976, Rivas fue secretaria personal de Manuel Contreras, el infame jefe de la DINA. Los activistas de derechos humanos la han señalado durante mucho tiempo como un miembro clave de la Brigada Lautaro, una unidad de élite encargada de desmantelar la cúpula del Partido Comunista en la clandestinidad.
La fiscalía chilena la vincula específicamente con la desaparición en 1976 de Víctor Díaz, entonces secretario general del Partido Comunista, y de otros seis miembros de la organización. Entre ellos se encontraba Reinalda del Carmen Pereira Plaza, de 29 años, quien estaba embarazada al momento de su secuestro. Se presume que los siete fueron asesinados durante su detención.
En una entrevista de 2013 con la cadena australiana SBS, Rivas describió su paso por la DINA como "la mejor época de mi vida". Al ser cuestionada sobre el uso sistemático de la tortura por parte de la agencia, defendió la práctica afirmando: "tenían que quebrar a la gente; eso ha pasado en todo el mundo, no solo en Chile".
Testigos entrevistados para un documental realizado por la sobrina de Rivas, Lissette Orozco, la describieron como una de las figuras más brutales de la agencia. Rivas ha negado estas caracterizaciones y cualquier papel personal en actos de tortura.
Tras el fallo del lunes, un abogado que representa a las familias de las víctimas declaró que los parientes estaban "verdaderamente encantados" con el resultado. Aunque los medios australianos señalan que Rivas podría intentar apelar la decisión ante el tribunal federal pleno, los fundamentos legales para tal recurso siguen siendo inciertos.
Si la decisión se mantiene, Rivas será enviada a Chile para enfrentar juicio. Su caso sigue siendo un punto de fricción sobre el legado de la era Pinochet, durante la cual se estima que 40 000 personas fueron perseguidas políticamente y 3 000 fueron asesinadas.