El gobierno de Israel informó que prohibirá las operaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la Franja de Gaza, citando la negativa de la organización humanitaria a entregar una lista detallada de su personal en el territorio. Esta medida restrictiva surge después de que las autoridades israelíes exigieran a 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) la presentación de documentos sobre sus trabajadores, alegando preocupaciones sobre posibles vínculos con grupos armados como Hamás e Yihad Islámica.
MSF comunicó el viernes que no compartiría los datos de sus empleados palestinos e internacionales, una postura que mantuvo al no obtener las garantías necesarias para asegurar la protección de su personal en la zona de conflicto. La organización médica enfatizó que la información solo debía usarse para fines administrativos declarados y no para poner en riesgo a sus colegas.
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel declaró que la acción se tomó debido al incumplimiento de MSF de un requisito aplicable a todas las entidades humanitarias que operan en la región. A finales de diciembre, Israel había notificado a 37 ONG, incluyendo a MSF, que sus licencias serían revocadas si no cumplían con los nuevos requisitos de registro en Gaza y Cisjordania.
La organización internacional calificó la acción israelí como un intento de obstruir la asistencia humanitaria esencial, forzando a las ONG a elegir entre exponer al personal al peligro o interrumpir la atención médica crítica. MSF destacó que 15 de sus empleados han muerto en el conflicto, lo que justifica su cautela extrema respecto a la divulgación de datos personales.
Representantes de agencias internacionales han advertido sobre las graves repercusiones de esta medida. Sam Rose, director de asuntos de Gaza para la agencia de refugiados de la ONU (Unrwa), señaló que esto impactará negativamente la capacidad de las organizaciones internacionales para suministrar atención sanitaria en Gaza.
MSF es un actor significativo en el enclave, proporcionando aproximadamente el 20% de las camas hospitalarias y operando cerca de 20 centros de salud. El año pasado, la organización realizó más de 800.000 consultas médicas y asistió en más de 10.000 partos, según sus propias cifras.
La escalada de restricciones regulatorias se ha intensificado desde el inicio del conflicto tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Diez países, incluidos Francia y Canadá, habían condenado previamente las nuevas normas de registro, advirtiendo sobre el impacto severo en la prestación de servicios esenciales a la población civil.
El desenlace de esta disputa regulatoria podría establecer un precedente sobre cómo las autoridades gestionarán la presencia de organizaciones de ayuda internacional en zonas de alta tensión geopolítica. La interrupción de los servicios de MSF representa un desafío logístico y médico considerable para la población de Gaza, que depende críticamente de esta asistencia externa.
