El sistema judicial israelí enfrenta un intenso debate político sobre la reinstauración de la pena de muerte, impulsada tras los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023. Históricamente, Israel ha ejecutado a un prisionero condenado en una sola ocasión, el criminal nazi Adolf Eichmann, hace más de sesenta años.
Partidarios de la medida, como Zvika Fogel, presidente del comité de seguridad nacional del parlamento, argumentan que la pena capital es una defensa necesaria y moral. No obstante, organizaciones de derechos humanos califican la propuesta como una de las iniciativas legislativas más extremas en la historia del país, señalando su aplicación selectiva contra palestinos.
La legislación, promovida por el partido de extrema derecha Poder Judío, estipula sentencias de muerte obligatorias en tribunales militares para palestinos condenados por terrorismo mortal, con ejecuciones rápidas tras apelaciones. El objetivo declarado incluye aumentar la disuasión y eliminar el incentivo para la toma de rehenes con fines de negociación.
Las audiencias parlamentarias han sido tensas, con testimonios a favor y en contra, incluyendo familiares de víctimas de los ataques de octubre. La Dra. Valentina Gusak, madre de una víctima, apoya la medida como un tratamiento preventivo, describiéndola como una "vacuna contra el próximo asesinato".
Los opositores, incluyendo ONG como HaMoked, rechazan la ley por motivos éticos y legales, argumentando que viola el derecho a la vida y corre el riesgo de ejecutar a inocentes. Su principal objeción radica en que la ley está diseñada para aplicarse solo a palestinos condenados por matar a ciudadanos israelíes, excluyendo a ciudadanos judíos.
Anteriores propuestas similares encontraron resistencia en el establishment de seguridad, que consideraba que dichas medidas aumentaban las tensiones sin ser disuasorias efectivas. Actualmente, muchos perpetradores de ataques mortales son abatidos por las fuerzas de seguridad o civiles armados durante los incidentes.
El partido Poder Judío insiste en que la ley impedirá futuros intercambios de prisioneros, eliminando la posibilidad de negociar con rehenes. La legislación superó la primera de las tres lecturas necesarias para su aprobación en la Knéset, lo que generó celebración entre sus promotores.
La discusión refleja un endurecimiento del sentimiento público en Israel posterior a los ataques, aunque legisladores de la oposición, como Aida Touma-Suleiman, advierten contra legislar basados en el instinto de venganza social.
