Tom Homan, comandante de la ofensiva de aplicación de la ley de inmigración del presidente Trump en Mineápolis, declaró el jueves que los agentes federales se concentrarán en operaciones dirigidas, distanciándose de las redadas amplias que generaron rechazo generalizado. Homan indicó que la fuerza de 3.000 agentes desplegados podría reducirse si obtiene la cooperación de líderes estatales y locales, mencionando reuniones productivas con el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey.
En sus primeras declaraciones públicas desde su asignación, Homan reconoció que la operación no había sido perfecta, señalando que se habían logrado avances significativos en coordinación y cooperación. El funcionario enfatizó que se verían "cambios masivos" en la ciudad, sugiriendo un esfuerzo por desescalar la situación tras el intenso escrutinio político.
Además, una directiva interna de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) instruye a los agentes a evitar el contacto innecesario con "agitadores" para no inflamar el ambiente. El memorando, revisado por Reuters, ordena a los oficiales priorizar la detención de inmigrantes con antecedentes penales, una desviación de las tácticas anteriores de detener a personas aleatoriamente.
Aunque Homan reiteró el compromiso de la administración Trump con la deportación de todos los inmigrantes indocumentados, subrayó que la misión se ejecutaría de manera más inteligente. El funcionario también solicitó mayor acceso a las cárceles de Minnesota para facilitar la detención de individuos al momento de su liberación, reduciendo así la necesidad de operativos disruptivos en la calle.
El contexto en Mineápolis se ha visto agravado por dos muertes recientes a manos de agentes federales, que la administración calificó de "terroristas domésticos", aunque videos contradictorios pusieron en duda esa caracterización. El sindicato de la Patrulla Fronteriza defendió al agente involucrado en el tiroteo fatal de Alex Pretti, señalando que era un oficial experimentado con entrenamiento en control de multitudes.
Paralelamente a los cambios operativos, el Departamento de Justicia presentó cargos contra un hombre por agredir a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un foro, un incidente que subraya la alta tensión política en la región. La congresista, blanco frecuente de críticas presidenciales, vinculó el ataque a la retórica del presidente Trump.
Estos desarrollos reflejan una administración que intenta recalibrar sus tácticas de aplicación de la ley bajo una presión pública y política creciente. El enfoque en objetivos criminales específicos podría ser un intento de aislar las críticas y justificar la presencia federal continua, según analistas.
