El gobierno sudafricano ha iniciado una operación masiva contra la minería ilegal que ha dejado a docenas de trabajadores atrapados bajo tierra. En la mina Buffelsfontein, cerca de Stilfontein, las líneas de suministro se cortaron en septiembre de 2024 durante la Operación Vala Umgodi. Mineros informales reportaron que las cuerdas de elevación dejaron de moverse, isolándolos en la oscuridad profunda.
Ayanda Ndabeni, un minero de 36 años, desciende a 1.500 metros bajo tierra cuando notó que los vehículos policiales rodeaban la entrada. La comunicación con la superficie se rompió repentinamente cuando las rocas comenzaron a caer por el shaft y el suministro de alimentos cesó. Según testimonios de los trabajadores, la ansiedad creció mientras las baterías de sus lámparas comenzaban a agotarse en la oscuridad total.
Este incidente ilustra la crisis más amplia que enfrenta la industria aurífera en Sudáfrica desde el colapso de la producción formal en la década de 2000. La producción de oro alcanzó su pico en 1970, cuando el país generaba 70% del oro mundial, pero la mayoría de las minas cerraron hace más de una década. Los pozos abandonados se convirtieron en la fuente de ingresos para miles de personas que buscan trabajo fuera de la economía formal.
Las estimaciones actuales sitúan en 30.000 el número de mineros ilegales conocidos como zama zamas que operan en 6.000 minas abandonadas. Estas operaciones están controladas por sindicatos criminales que venden el metal extraído en mercados internacionales desde Asia hasta Oriente Medio. La pérdida económica para el país se estima en 3.000 millones de dólares anuales debido a estas actividades no reguladas.
La autoridad policial lanzó la campaña coordinada en diciembre de 2023 para combatir el robo de recursos y la violencia asociada con los grupos criminales. Para septiembre de 2024, las autoridades habían arrestado casi 14.000 personas y confiscado armas de fuego y vehículos en todo el territorio nacional. La mayoría de los detenidos fueron migrantes de países vecinos como Mozambique y Zimbabwe que dependían del trabajo subterráneo.
Las comunidades locales en townships como Khuma dependen económicamente de estas actividades para su subsistencia diaria. La falta de oportunidades laborales formales ha mantenido a miles de familias vinculadas a la economía informal de las minas. Los residentes argumentan que las operaciones cerraron sin ofrecer alternativas viables para la población desempleada.
La violencia en estas zonas ha aumentado significativamente en los últimos años con enfrentamientos entre pandillas y fuerzas de seguridad. Un tiroteo masivo en Bekkersdal en diciembre involucró a sospechosos vinculados a la minería ilegal y dejó al menos 10 personas muertas. Esto ha llevado a que muchos sudafricanos exijan el despliegue militar para restaurar el orden en las áreas mineras.
El futuro de estos trabajadores depende de si las autoridades logran equilibrar la seguridad nacional con la necesidad de medios de vida para la población. La crisis humanitaria en el Shaft 10 muestra los riesgos extremos de las operaciones clandestinas sin supervisión oficial. Se espera que el gobierno evalúe nuevas políticas para abordar el problema estructural de la minería informal.
