Francia consagrará legalmente el fin de los llamados «derechos conyugales», la idea de que el matrimonio impone un deber sexual, tras la aprobación de un proyecto de ley por la Asamblea Nacional este miércoles. La nueva cláusula añadida al código civil estipula que la «comunidad de vida» no genera una «obligación de relaciones sexuales», según reportó la prensa local.
El texto legal también veta explícitamente el uso de la falta de relaciones sexuales como argumento en procedimientos de divorcio por culpa, eliminando una ambigüedad histórica en la jurisprudencia francesa. La promotora del proyecto, la diputada ecologista Marie-Charlotte Garin, afirmó que permitir tal deber es dar aprobación tácita a un sistema de dominación marital.
Aunque la ley busca ser una clarificación, su impacto directo en los tribunales se considera limitado, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya condenó a Francia el año pasado por permitir el rechazo sexual como causa de divorcio por culpa. Este fallo ya hacía prácticamente imposible que los jueces franceses emitieran sentencias similares a la de un caso de 2019 donde se sancionó a una mujer por negar sexo a su esposo.
La noción de un deber sexual surge de leyes eclesiásticas medievales, a pesar de que el código civil francés solo define los deberes matrimoniales como «respeto, fidelidad, socorro y asistencia». Los partidarios de la ley argumentan que es vital confrontar la persistencia social de que las esposas tienen un «deber» de consentimiento sexual.
Este debate se intensificó tras casos recientes, como el juicio Mazan de 2024, donde la falta de consentimiento explícito fue ignorada tras la supuesta autorización del esposo. Francia, como la mayoría de países, tipificó la violación marital como delito antes de 1990, eliminando el argumento implícito de consentimiento.
Recientemente, la definición legal de violación en Francia se amplió para requerir un consentimiento «informado, específico, anterior y revocable», especificando que el silencio o la inacción no constituyen consentimiento. Esta legislación refuerza el marco legal para proteger la autonomía corporal dentro del matrimonio.
