La exjefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Paulina Zamorano, cuestionó públicamente la decisión del gobierno de poner término anticipado a su contrato laboral. La medida, firmada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se hará efectiva desde el miércoles 1 de abril de 2026. Zamorano advirtió que la remoción podría debilitar significativamente la política pública destinada a esclarecer el destino de personas detenidas desaparecidas en Chile.
Además de Zamorano, fueron desvinculados la coordinadora del Área de Archivos, Tamara Lagos, y la coordinadora del Área de Búsqueda, Magdalena Garcés. El documento oficial también afecta al coordinador de Administración Judicial, Marcelo Orellana, quien formaba parte de la gestión anterior. Las jefaturas desvinculadas formaban parte del equipo encargado de ejecutar el Plan Nacional de Búsqueda, una política creada bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
"Se desarticulan equipos clave, se debilitan capacidades acumuladas durante años y se pone en riesgo directo la continuidad de políticas de Estado fundamentales", advirtió Zamorano.
El decreto sostiene que la autoridad concluyó que Zamorano no cuenta con las aptitudes necesarias para liderar el programa en la nueva etapa proyectada por la Subsecretaría. El texto señala explícitamente que la jefatura requiere una especial relación de confianza con el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. Fuentes del Ministerio indican que las desvinculaciones responden a una decisión adoptada por Pablo Mira para ajustar los lineamientos administrativos y estratégicos.
La exjefa defendió su trayectoria, la cual incluye más de 14 años de trabajo en la institución y un máster en derecho constitucional. Zamorano explicó que nunca tuvieron la oportunidad de hacer una entrega formal de un informe de gestión antes de la desvinculación ejecutada. Ella cuestionó que funcionarias de carrera, que accedieron mediante concursos públicos, sean tratadas como cargos de confianza sin justificación técnica válida.
Contexto de la política pública
Desde el equipo también alertaron sobre los efectos en áreas específicas del trabajo institucional, especialmente en la seguridad de los archivos históricos. Tamara Lagos indicó que impedir el acceso a las oficinas compromete el resguardo de documentos que registran las más graves violaciones a los Derechos Humanos en el país. Este aspecto es crítico para el mantenimiento de la memoria histórica y la justicia transicional en la región.
El Plan Nacional de Búsqueda participa actualmente en más de 430 causas judiciales vinculadas a violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Con la salida de parte de su equipo directivo, el programa inicia ahora una nueva etapa bajo la actual administración presidencial. El impacto es profundo y sus consecuencias serán de largo alcance para las familias de las víctimas, según advirtió Zamorano en su declaración.
Implicaciones políticas
La exjefa deslizó que la decisión del gobierno de José Antonio Kast tiene una lectura que permite hacer un vínculo con declaraciones relativas al otorgamiento de indultos presidenciales. La funcionaria calificó la medida como una señal política extrema que debilita el compromiso del Estado con la justicia y abre la puerta a escenarios de impunidad. El Ministerio ratifica que seguirá adelante con su política de continuidad en materia de Derechos Humanos, particularmente con el Plan Nacional de Búsqueda.
