España impulsa regularización masiva de medio millón de migrantes frente a la tendencia restrictiva europea

En un movimiento que desafía la creciente tendencia restrictiva en Europa y Estados Unidos respecto a la inmigración irregular, el Gobierno de coalición liderado por el Partido Socialista en España está preparando la mayor regularización masiva de trabajadores indocumentados en más de dos décadas.La iniciativa busca conceder permisos de residencia renovables de un año a aproximadamente medio millón de personas que residen y trabajan en el país sin estatus legal, siempre que puedan demostrar su presencia en España antes de finales de 2025 y no tengan antecedentes penales. La medida, que se espera abra el proceso de solicitud entre abril y junio, surge de una propuesta ciudadana respaldada por unas 700.000 firmas y cuenta con el apoyo de numerosos grupos de la sociedad civil.El primer ministro, Pedro Sánchez, defiende la regularización no solo como un acto de justicia social para formalizar los derechos de estos trabajadores, sino como un imperativo económico y demográfico. España, que enfrenta una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa, busca reforzar su sistema de seguridad social, cada vez más tensionado por el envejecimiento de su población nativa.La mayoría de los migrantes indocumentados en España, provenientes mayoritariamente de Latinoamérica y el Norte de África, no llegaron por vía irregular a través de las fronteras marítimas o terrestres, sino que permanecieron en el país tras la expiración de sus visados, integrándose en la denominada 'economía sumergida' en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios domésticos.Analistas económicos señalan que la formalización de medio millón de trabajadores inyectará ingresos fiscales y cotizaciones a la seguridad social, al tiempo que permitirá una mejor asignación de mano de obra según las necesidades de cualificación del mercado. Datos recientes confirman la importancia de la migración para el dinamismo laboral español, con ciudadanos nacidos en el extranjero impulsando la mayor parte del aumento del empleo en el último trimestre de 2025, coincidiendo con la tasa de paro más baja en 18 años.“España necesita elegir entre ser un país próspero y abierto, o uno cerrado y pobre”, ha sido la máxima utilizada por el Ejecutivo para justificar su postura, que prioriza la integración económica frente al sentimiento nativista en alza en otras naciones europeas.No obstante, la decisión ha provocado una fuerte condena por parte de la derecha. Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, ha acusado al mandatario Sánchez de “odiar al pueblo español” y buscar su “reemplazo” mediante la aceleración de una supuesta “invasión”, abogando en su lugar por la “remigración” o deportación masiva. Incluso el Partido Popular, históricamente más moderado en política económica, ha criticado la medida en un intento de frenar el ascenso de Vox.A pesar del auge de discursos antiinmigración en el continente, estudios recientes indican que el apoyo local a la inmigración en España sigue siendo relativamente alto en comparación con sus vecinos, aunque el debate político se ha polarizado significativamente desde 2018. Esta regularización marca un punto de inflexión en la política migratoria española, priorizando la necesidad de crecimiento demográfico y económico sobre las presiones políticas internas y las directrices más duras emanadas desde Bruselas.Fuente: Adaptado de información originalmente publicada por France 24.