El Gobierno de España manifestó oficialmente su "indignación" este lunes tras la decisión de un juez de investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La medida judicial se produce mientras el presidente y su esposa se encuentran en medio de una visita diplomática de alto nivel a China.
Fuentes de Moncloa confirmaron que los altos cargos están profundamente descontentos tanto con el momento de la resolución como con el lenguaje empleado en el auto judicial. El Ejecutivo criticó específicamente al juez Juan Carlos Peinado por el tono incendiario de su resolución.
“El Gobierno está indignado por algunas de las expresiones contenidas en el documento”, afirmó una fuente gubernamental. Los funcionarios señalaron un fragmento en el que el juez describe las presuntas conductas como acciones “que provienen de palacios presidenciales” y que parecen “más propias de regímenes absolutistas que, afortunadamente, ya han quedado en el olvido”.
Según informan medios como BioBioChile, el juez ha dado por concluida la fase de investigación del caso, decidiendo proceder con la imputación pero archivando la investigación por el cargo de intrusismo profesional. La resolución también mantiene el proceso contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Un conflicto de tiempos
El auto del juez Peinado fue más allá al comparar la presunta conducta con el clima político del reinado de Fernando VII en el siglo XIX. Para el Gobierno español, el momento del anuncio no es casualidad. Desde Moncloa acusaron abiertamente al juez de coordinar la publicación de sus decisiones con el calendario de viajes internacionales del presidente.
El magistrado señaló que existen pruebas suficientes para sugerir el uso de una "ventaja singular de su posición relacional" para asegurar una plaza docente en la Universidad Complutense de Madrid, una institución pública. La investigación contra Gómez se abrió originalmente en abril de 2024, tras una denuncia presentada por el grupo Manos Limpias, basada en informaciones de la prensa.
El presidente Sánchez ha mantenido de forma constante que la investigación contra su esposa acabará siendo archivada. El mandatario afirma con frecuencia que el tiempo aclarará la situación y demostrará que las acusaciones carecen de fundamento. Tras la decisión de imputar, el juez ha otorgado a las partes implicadas un plazo de cinco días para presentar sus conclusiones y pronunciarse sobre la apertura de un juicio oral ante un jurado popular.
Gómez llegó a Pekín el sábado tras recibir una invitación oficial de las autoridades chinas. La visita ha contado con un rango diplomático superior al de viajes anteriores, y la esposa del presidente ha mantenido una agenda intensa junto a él. El lunes, acompañó a Sánchez a la Universidad Tsinghua, a la Academia China de Ciencias y a la sede de la empresa tecnológica Xiaomi.
Antes de los encuentros oficiales, la pareja pasó el fin de semana visitando lugares emblemáticos, como el Palacio de Verano y la Torre del Tambor. El Gobierno permanece centrado en la agenda formal en Pekín, a pesar de la creciente presión derivada de los acontecimientos judiciales en Madrid.
