El gobierno de ultraderecha de Chile ha dado marcha atrás en el plan de expropiar los terrenos de la antigua Colonia Dignidad, un lugar tristemente célebre por haber funcionado como centro de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet. La decisión deja el futuro del enclave, conocido actualmente como Villa Baviera, en manos de propietarios privados.
El expresidente Gabriel Boric había firmado el año pasado un decreto para incautar 117 hectáreas de la propiedad con el fin de establecer un memorial para las víctimas. El recinto, fundado en 1961 por el fugitivo nazi Paul Schäfer, sirvió como prisión clandestina donde al menos 100 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado.
Un cambio de rumbo político
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, justificó la medida alegando restricciones presupuestarias y afirmó que el proceso de expropiación habría costado más de 50 millones de dólares. El ministerio no presentó documentación que respaldara dicha valoración y los funcionarios declinaron hacer más comentarios al respecto.
Las agrupaciones de víctimas expresaron su indignación ante la cancelación. Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, sostuvo que el sitio debe preservarse para garantizar la búsqueda de justicia.
“Colonia Dignidad debe ser tratada como lo que es: un lugar donde se cometieron crímenes de lesa humanidad”, declaró Romero. “No se trata solo de preservar un lugar, sino de asegurar las condiciones materiales para la búsqueda de la verdad y el avance de la justicia”.
El recinto alberga zonas residenciales y la antigua casa de Schäfer, donde los investigadores descubrieron anteriormente documentación clave que vinculaba al complejo con las operaciones de detención del régimen. Excavaciones recientes también han aportado nuevas pruebas sobre las 1.469 personas que aún figuran como “desaparecidas” desde la época de la dictadura.
Schäfer gobernó la comuna con mano de hierro durante décadas, sometiendo a sus residentes a trabajos forzados, abusos sexuales y torturas. Huyó a Argentina en 1997 para eludir cargos por abuso de menores y fue detenido en 2005. Murió en prisión en 2010.
Tras el anuncio del gobierno, la propiedad permanece bajo el control de un colectivo de descendientes de los colonos alemanes originales y familias chilenas locales. Legisladores de la oposición han criticado a la administración por optar por descartar el proyecto por completo en lugar de buscar una pausa temporal o una alternativa más económica.