El actual debate internacional sobre la gobernanza y reconstrucción de Gaza coincide con un momento crítico donde la supervivencia básica de 2.1 millones de personas pende de un hilo debido a las restricciones operativas, según un análisis reciente publicado por Al Jazeera.
UNRWA opera como el sector público para más de la mitad de la población gazatí, empleando a 11,000 trabajadores que mantienen servicios vitales a pesar de los riesgos, incluyendo atención médica semanal para casi 100,000 personas y refugio para decenas de miles de desplazados.
Las operaciones logísticas de la agencia, que incluyen la distribución de agua y recolección de residuos, funcionan como un municipio esencial para la infraestructura civil, pero su capacidad se ve severamente impedida por barreras sistemáticas en los cruces fronterizos.
El control israelí sobre los accesos terrestres, aéreos y marítimos, sumado a la prohibición de contacto formal con autoridades israelíes mediante una ley del parlamento israelí de octubre de 2024, obstaculiza la entrada de suministros esenciales y la gestión de crisis.
Además, la negación del derecho a la educación afecta a cerca de 700,000 niños, ya que UNRWA, que solía escolarizar a dos tercios de los alumnos de primaria, está impedida de reanudar el trabajo a escala por las mismas limitaciones operativas.
Las restricciones van más allá de la burocracia, extendiéndose a la clasificación de materiales básicos de refugio y construcción como artículos de doble uso, lo que imposibilita la preparación ante el clima invernal y complica cualquier esfuerzo de reconstrucción.
Los expertos argumentan que estos obstáculos representan un ataque deliberado para desmantelar los medios de subsistencia palestinos, añadiendo capas a la causa presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el estatus de la ocupación.
La defensa de la operatividad continua de UNRWA es vista como fundamental para la estabilidad futura de Gaza y como una prueba para la defensa del orden internacional basado en reglas, especialmente cuando persisten las violaciones a los mandatos renovados por la Asamblea General de la ONU.
