Una directiva interna de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, fechada en mayo, ha generado controversia al autorizar a sus agentes a realizar entradas forzosas en residencias de personas sujetas a deportación utilizando únicamente órdenes administrativas, sin requerir una orden judicial explícita. El documento, presuntamente firmado por el Director Interino de ICE, Todd Lyons, fue compartido con el senador Richard Blumenthal por denunciantes internos.
El memorando establece que los agentes pueden proceder a la detención y arresto en el lugar de residencia si existe una “orden final de expulsión” emitida por jueces de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración o tribunales federales. La justificación oficial es un reciente dictamen de la Oficina del Consejero General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que interpreta que la Constitución y la Ley de Inmigración y Nacionalidad no prohíben el uso de mandatos administrativos para este fin, a pesar de ser un alejamiento de prácticas históricas.
Si bien la directiva exige a los agentes seguir el procedimiento de “llamar y anunciar” (Formulario I-205), especificando la identidad y el propósito, y limitando las entradas a horarios razonables (entre las 6 a.m. y las 10 p.m.), el núcleo del debate radica en la validez constitucional de la entrada forzosa sin una orden firmada por un magistrado.
Portavoces del DHS, como Tricia McLaughlin, defendieron la medida argumentando que los individuos afectados ya han pasado por un proceso de debido proceso con una orden final de expulsión, y que las órdenes administrativas reflejan un reconocimiento histórico por parte del Tribunal Supremo y el Congreso sobre su legitimidad en materia de aplicación de la ley migratoria. No obstante, el grupo Whistleblower Aid, que representa a los denunciantes, sostiene que esta política contraviene normativas federales de larga data y podría vulnerar la Cuarta Enmienda, especialmente considerando que muchos agentes nuevos carecen de experiencia previa en aplicación de la ley.
El senador Blumenthal expresó su alarma, calificando la política como “legal y moralmente abominable”, y señaló que la divulgación del memorando parece haber sido restringida, a pesar de estar etiquetado como “para todo el personal”. La revelación se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre las operaciones de ICE, particularmente bajo la administración que ha priorizado las deportaciones masivas.
La implicación para el panorama geopolítico y de derechos civiles es significativa. La capacidad de una agencia ejecutiva para autorizar el ingreso forzoso a un domicilio privado basándose únicamente en una orden administrativa, sin la supervisión judicial directa para ese ingreso específico, redefine el equilibrio de poder entre el Estado y el individuo en materia de aplicación de la ley migratoria, un tema sensible en el actual clima político estadounidense.
Fuente: Basado en información de NBC News.