La abogada de derechos humanos Dalia Qumsieh y la parlamentaria israelí Aida Touma-Suleiman han expresado un firme rechazo a la legislación aprobada recientemente por el Parlamento israelí. La ley autoriza la pena capital para palestinos declarados culpables de terrorismo, una medida que, según sus críticos, profundiza la desigualdad sistémica en la región.
Dalia Qumsieh, directora de la Iniciativa de Derechos Humanos Balasan, sostiene que esta legislación es una codificación formal de las ejecuciones extrajudiciales. "La ley codifica los asesinatos y las ejecuciones de palestinos de una manera que consolida verdaderamente el apartheid", afirmó Qumsieh. Asimismo, señaló que el marco legal depende de tribunales militares, los cuales mantienen una tasa de condena superior al 99% para los acusados palestinos.
Preocupaciones legales y derecho internacional
La legislación elimina el requisito de unanimidad judicial para imponer la pena capital y exige que las sentencias se ejecuten en un plazo de 90 días. Qumsieh destacó que la ley niega cualquier posibilidad de indulto, lo que refleja, a su juicio, una intención de facilitar ejecuciones rápidas bajo una apariencia de procedimiento legal.
Según Qumsieh, la ley viola el derecho internacional en múltiples frentes. La abogada señaló la opinión consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, que declaró ilegal la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado. "Israel no tiene derecho a estar aquí ni a legislar dentro de un territorio ocupado", declaró, calificando la medida como un acto de anexión de facto.
Más allá de la pena de muerte, el debate abordó el deterioro de la situación de seguridad en Cisjordania. Qumsieh informó que las autoridades israelíes están aprovechando cada vez más los conflictos regionales para expandir los asentamientos y acelerar el desplazamiento de los residentes palestinos. Citó datos que indican que el número de milicias de colonos ha aumentado de 18 a 800 desde el 7 de octubre de 2023.
Se informa que estas milicias reciben apoyo estatal, y el gobierno facilita la distribución de al menos 150.000 armas de fuego a los colonos. Qumsieh describió esto como un mecanismo de violencia patrocinado por el Estado, diseñado para expulsar a los palestinos de sus tierras. "El desplazamiento forzado está en el núcleo mismo de la política israelí", concluyó, señalando que tales acciones constituyen crímenes de guerra bajo el derecho internacional.