Las estimaciones internas de funcionarios del Ministerio de Salud de Irán apuntan a una cifra de bajas fatales que podría superar las 30,000 personas durante apenas dos días de protestas, específicamente el 8 y 9 de enero. Esta revelación, compartida con medios internacionales, sugiere una subestimación masiva de la represión estatal, superando con creces los 3,117 fallecidos reportados por facciones cercanas al Líder Supremo, Ali Jamenei.
Según los funcionarios sanitarios, la magnitud de las muertes excedió la capacidad logística del Estado, agotando el inventario de bolsas para cadáveres y forzando el uso de semirremolques en lugar de ambulancias para el traslado de cuerpos. Esta cifra interna, que no había sido divulgada, se acerca a los 30,304 decesos registrados por médicos y personal de respuesta a emergencias en hospitales, según un informe compilado por el Dr. Amir Parasta, cirujano oftalmólogo germano-iraní. Dicha contabilidad excluye muertes en hospitales militares o zonas no alcanzadas por la investigación.
El contexto de esta violencia se sitúa en un pico de movilizaciones nacionales, impulsadas inicialmente por una economía en caída libre y que rápidamente escalaron a demandas por la caída del régimen teocrático. Tras una primera semana de respuestas mixtas por parte de las fuerzas de seguridad, el fin de semana del 8 de enero marcó un punto de inflexión. Testigos y fragmentos de video filtrados —a pesar del apagón de comunicaciones y el bloqueo de internet— indican el uso de francotiradores apostados en tejados y ametralladoras montadas en vehículos.
Expertos en epidemiología de la violencia, como el profesor Les Roberts de la Universidad de Columbia, han señalado que una tasa de mortalidad tan elevada en un lapso tan corto (48 horas) es inusual en enfrentamientos basados primariamente en disparos. Las comparaciones históricas citadas por analistas son sombrías, recordando eventos como la masacre de Babyn Yar en 1941.
El impacto geopolítico de esta revelación es significativo. Una represión de esta escala, en un país con una influencia considerable en el equilibrio de poder de Oriente Medio, eleva la presión internacional sobre Teherán, especialmente mientras las negociaciones nucleares y las dinámicas regionales se encuentran en un punto álgido. La discrepancia entre las cifras oficiales y las reportadas por el Ministerio de Salud subraya la profunda fractura interna dentro de la estructura de poder iraní, donde los ministerios reportan al presidente electo y las agencias de seguridad reportan directamente a la cúpula religiosa.
La documentación de las víctimas, aunque dificultada por el control informativo, continúa a través de grupos de activistas como la Human Rights Activists News Agency, que ya ha verificado más de 5,400 nombres. El caso de Sahba Rashtian, una joven artista de 23 años abatida en Isfahán, simboliza la pérdida juvenil en la búsqueda de libertades fundamentales, en un momento donde la disidencia se paga con el precio máximo.
La información ha sido contrastada con reportes de Johns Hopkins y análisis epidemiológicos, confirmando que las cifras internas, aunque impactantes, podrían seguir siendo conservadoras. La realidad de la represión en Irán, filtrándose a pesar de los esfuerzos de censura, redefine el costo humano de la insurgencia civil contra el establishment.
Fuente: Adaptado de reportes iniciales de TIME y análisis de fuentes de salud iraníes.