China advirtió formalmente a Canberra contra la anulación del contrato de arrendamiento del puerto de Darwin con una empresa de propiedad china, un movimiento que intensifica las tensiones bilaterales sobre activos estratégicos. El embajador Xiao Qian calificó el intento del gobierno australiano de recuperar el control como una práctica comercial poco ética, según reportó Al Jazeera.
Landbridge Group, propiedad del empresario chino Ye Cheng, ha operado el puerto bajo un arrendamiento de 99 años desde 2015, un acuerdo valorado inicialmente en 350 millones de dólares australianos. El Primer Ministro Anthony Albanese se comprometió durante su campaña electoral a revertir el acuerdo, argumentando que la instalación debe estar bajo control gubernamental o local por interés nacional.
El embajador Xiao cuestionó la lógica de la medida, preguntando si Australia deseaba recuperar el activo una vez que este se volviera rentable después de haberlo arrendado inicialmente con pérdidas. Xiao indicó que Beijing «tomará medidas» para defender los intereses legítimos de Landbridge si el gobierno australiano intenta modificar el acuerdo de arrendamiento por la fuerza.
Las declaraciones de Xiao se produjeron en su presentación anual a los medios locales, donde no especificó la naturaleza de las represalias que China podría imponer. El gobierno australiano ha mantenido su postura, con Albanese reafirmando durante una visita a Timor Oriental que la reversión del control es fundamental para los intereses nacionales.
Esta disputa subraya la fragilidad de las relaciones económicas y geopolíticas entre Canberra y Beijing, a pesar de que China sigue siendo el principal socio comercial de Australia, con un intercambio bilateral de 218 mil millones de dólares en 2024-25. Múltiples revisiones gubernamentales previas no encontraron motivos para cancelar el acuerdo con la empresa china.
El caso del puerto de Darwin ejemplifica el creciente escrutinio occidental sobre las inversiones de infraestructura de China en puntos estratégicos, particularmente en el Indo-Pacífico. La respuesta de Beijing sugiere una voluntad de utilizar su peso económico para proteger a sus empresas en el extranjero.
