La exdirectora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscilla Carrasco, criticó la decisión de la ministra de la Mujer, Judith Marín. La autoridad solicitó su renuncia no voluntaria mientras Carrasco continúa un tratamiento oncológico por cáncer de mama. Este conflicto surge en medio de una evaluación de desempeño dentro del gobierno chileno.
Carrasco calificó la solicitud como sorprendente y advirtió que constituye una mala señal para los derechos de las mujeres. La exfuncionaria destacó que la secretaria de Estado conocía su diagnóstico antes de que asumiera el cargo público. Según sus declaraciones, el ministerio ha posicionado el cáncer femenino como un eje de su agenda.
El Diagnóstico Conocido
La psicóloga y trabajadora social confirmó que mantiene su diagnóstico desde 2025 y que sigue bajo tratamiento oncológico. Afirmó que no ha solicitado licencias y que ha trabajado diariamente con normalidad durante su gestión. Este detalle es relevante dado el contexto de Alta Dirección Pública donde ingresó al servicio.
Carrasco señaló que la ministra estaba en conocimiento de su situación médica durante reuniones previas al inicio del gobierno. Las autoridades de la cartera, incluida la subsecretaria, habrían estado informadas sobre su estado de salud. La exdirectora enfatizó que el conocimiento previo agrava la percepción de la medida adoptada.
Impacto en la Función Pública
La situación trasciende el caso personal y abre una discusión sobre la estabilidad laboral de mujeres con enfermedades graves. Carrasco consideró que esto representa un retroceso total en el derecho al trabajo y a la salud en el país. El episodio impacta también en la dimensión familiar y emocional de las pacientes oncológicas.
Actualmente, la afectada analiza acciones jurídicas, administrativas y legales para enfrentar el fin de su gestión. Carrasco indicó que está revisando los procedimientos institucionales asociados a los cargos de Alta Dirección Pública. Las próximas declaraciones podrían definir si se inicia un proceso formal de reclamo ante el Estado.
La decisión genera tensión en el sector de la salud y derechos laborales dentro de la administración pública. Expertos en derecho administrativo observan con atención el cumplimiento de las normativas de Alta Dirección. El caso podría influir en futuras políticas de inclusión de personas con enfermedades crónicas en el sector público.
El Ministerio de la Mujer no ha emitido una declaración formal al momento de confirmar esta información. Se espera que la cartera defienda la decisión basándose en criterios de gestión interna. El desenlace de este conflicto político será clave para la reputación del sector femenino de la administración.
