Bangladés se encuentra en una coyuntura política crítica, semanas antes de unas elecciones nacionales cruciales el 12 de febrero, las primeras desde el levantamiento de 2024 que forzó la salida de la primera ministra Sheikh Hasina e instaló una administración interina liderada por Muhammad Yunus. En el ambiente político de Daca, el término "Kochukhet", que designa el barrio de instalaciones militares clave, se ha convertido en un eufemismo para discutir el alcance de la influencia del cantón sobre los asuntos civiles.
El ejército no compite por escaños, pero su presencia es central en el clima electoral. Tras el colapso del orden anterior, las fuerzas policiales sufren mermas en moral y capacidad, dejando al ejército como el garante más visible del orden público. Los soldados han patrullado las calles con poderes cuasi-judiciales durante casi un año y medio, y se espera un despliegue de hasta 100,000 efectivos para las votaciones, con propuestas para formalizar a las fuerzas armadas como agencia de aplicación de la ley electoral.
Analistas señalan que, si bien una toma de poder abierta parece improbable —en parte debido a las lecciones aprendidas de los golpes del pasado y a los intereses en juego, como los lucrativos contratos de mantenimiento de la paz de la ONU—, la institución sigue siendo un centro de poder decisivo. Thomas Kean, del International Crisis Group, indica que el ejército ha estado "respaldando al gobierno interino" y que su principal interés es una transición fluida a un gobierno electo para que las tropas puedan volver a los cuarteles.
La decisión del ejército de no tomar el poder explícitamente el 5 de agosto de 2024, cuando Hasina huyó, es vista por observadores como una señal de moderación estratégica. Sin embargo, su influencia se manifiesta de forma menos directa. El profesor Asif Shahan de la Universidad de Daca destaca el "peso institucional" que ejerce a través de sus redes de inteligencia y su vasta huella corporativa en proyectos de infraestructura estatal y conglomerados empresariales.
Esta presencia económica, que incluye privilegios acumulados durante el régimen anterior, genera ansiedad interna sobre si las futuras administraciones respetarán estos intereses. Shahan sugiere que esto podría traducirse en presión informal para mantener el statu quo, haciendo del ejército un actor político clave sin necesidad de una intervención abierta, a menos que ocurra un colapso del orden público que justifique su intervención total.
La historia de Bangladés está marcada por transiciones políticas secuestradas por militares, desde el asesinato del líder fundador Sheikh Mujibur Rahman en 1975 hasta el gobierno de Hussain Muhammad Ershad en los años 80. Este legado histórico obliga a los actores políticos actuales y futuros a considerar la postura institucional del ejército, incluso cuando este afirma su deseo de no inmiscuirse en política, como manifestó el jefe del ejército, el general Waker-uz-Zaman.
Expertos como Rajib Hossain, exoficial, creen firmemente que el ejército evitará la parcialidad para preservar la poca credibilidad pública que le queda tras la presión vivida desde 2024. No obstante, el papel decisivo que jugó al negarse a disparar contra civiles en agosto pasado subraya que su postura, más que su retórica, es lo que define el marco de la estabilidad nacional.
Fuente: Basado en análisis de Al Jazeera y expertos citados.