La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el jueves una ley que permite la privatización del sector petrolero nacional, marcando un cambio radical en la política económica sostenida por el movimiento socialista durante más de veinte años. Legisladores de la Asamblea Nacional aprobaron la reforma energética el mismo día, en un contexto de flexibilización de las sanciones estadounidenses.
Este giro político ocurre menos de un mes después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas, lo que ha generado una profunda reconfiguración del panorama político y económico en la nación sudamericana. La ley promete otorgar a empresas privadas control sobre la producción y venta de crudo, además de permitir el arbitraje independiente de disputas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. comenzó a aliviar las sanciones petroleras que habían afectado gravemente a la industria, expandiendo la capacidad operativa de empresas energéticas estadounidenses. Sin embargo, la autorización emitida por el Tesoro prohíbe explícitamente las transacciones con entidades de China, Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, según reportó France 24.
Rodríguez indicó que estos cambios buscan asegurar a las grandes petroleras estadounidenses su retorno al país, muchas de las cuales sufrieron expropiaciones bajo la ley anterior, que favorecía a la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). La nueva legislación modifica los impuestos de extracción, estableciendo un tope de regalía del 30%, con porcentajes variables según la inversión de capital.
Un punto crucial para los inversores extranjeros es la eliminación del mandato de que todas las disputas se resuelvan exclusivamente en tribunales venezolanos, controlados por el partido gobernante. La posibilidad de arbitraje independiente es vista como una garantía esencial contra futuras expropiaciones, según analistas de mercado.
Orlando Camacho, jefe del comité petrolero de la Asamblea, afirmó que la reforma transformará la economía del país, mientras que el legislador opositor Antonio Ecarri instó a incorporar disposiciones de transparencia y rendición de cuentas para combatir la corrupción sistémica. Los trabajadores petroleros celebraron la aprobación de la ley en el palacio legislativo.
Esta legislación desmantela la estructura establecida hace dos décadas por Hugo Chávez, quien hizo del control estatal del petróleo un pilar de su revolución, exigiendo que PDVSA fuera el socio principal en todos los proyectos importantes. Dicha política resultó en la nacionalización de activos de firmas occidentales como ExxonMobil y ConocoPhillips, que aún esperan compensaciones multimillonarias.
Las implicaciones geopolíticas son significativas, ya que el realineamiento económico busca reactivar la producción petrolera, que ha caído drásticamente debido a la mala gestión y las sanciones, contribuyendo a la crisis migratoria que ha forzado a más de siete millones de venezolanos a huir desde 2014.
