Transportistas y operadores logísticos en el Puerto de Manzanillo han reclamado públicamente contra la imposición de un nuevo costo de acceso a las terminales. Estas agrupaciones denuncian que la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo (Astom) condiciona el ingreso al recinto mediante un curso obligatorio. La medida se implementaría bajo el pretexto de seguridad portuaria, aunque los afectados cuestionan su base legal y financiera.
Según los informes detallados por el sector, el curso contempla 15 horas de formación con un costo de 700 pesos por persona y vigencia anual. Considerando un universo estimado de 36 750 usuarios, el flujo proyectado supera los 25.7 millones de pesos anuales para la asociación. Este gasto indirecto afectaría directamente a transportistas, agentes aduanales y personal de carga dentro de la cadena logística.
La Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (Asipona) reiteró que la regulación del acceso al recinto es atribución exclusiva de la autoridad portuaria. El vicealmirante José Ignacio Moreno advirtió el 20 de marzo que no existe disposición oficial que obligue a tomar un curso de seguridad para ingresar. Esta postura debilita el sustento jurídico de la medida impulsada unilateralmente por Astom según la fuente.
La iniciativa ha generado rechazo generalizado entre las principales organizaciones del sector, incluyendo la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram). También se opusieron la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Unión Transportistas de Carga de Manzanillo (UTCM). Estas entidades cuestionan la imposición del cobro y la ausencia de respaldo legal en un documento oficial.
Ante la presión del sector, Astom difirió la entrada en vigor del requisito del 1 de marzo al 1 de abril sin resolver la controversia de fondo. La asociación anunció que el curso no tendría costo durante tres meses en su plataforma digital hasta el 17 de junio. Sin embargo, la obligatoriedad de acreditarlo se mantiene para la nueva fecha límite establecida.
Además, se introdujeron diferencias en la acreditación según el pago realizado por los usuarios del puerto. Quienes paguen recibirán formato DC-3 con reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En contraste, quienes accedan sin costo obtendrán constancia interna válida solo en terminales afiliadas a la asociación.
Las organizaciones afirman que la medida no tiene sustento jurídico ni aprobación de Asipona, por lo que exhortan a no adoptarla por ahora. Alertan que podría sentar un precedente indebido dentro del sistema portuario nacional, institucionalizando cobros sin base legal. Consideran indispensable la intervención de la Subsecretaría de Puertos de Semar para garantizar certidumbre operativa.
El desacuerdo también se manifiesta al interior de Astom, pues algunas terminales han notificado a clientes que no adoptarán la medida. Mientras tanto, la terminal de contenedores Contecon y la de carga general Hazesa se mantienen como principales partidarios del cobro. La tensión aumenta mientras la Comunidad Portuaria de Manzanillo (Copoma) intenta facilitar el diálogo.
