El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, resolvió postergar por seis meses la entrada en vigencia de las nuevas exigencias para facturas y guías de despacho. La medida, comunicada mediante una resolución exenta, busca dar un respiro a empresas y transportistas que debían cumplir con mayores niveles de detalle en sus documentos de traslado.
La normativa, enmarcada en la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, pretendía aumentar el control sobre el comercio informal y combatir la presencia del crimen organizado. Sin embargo, la implementación de requisitos como direcciones exactas, descripción detallada de carga y la fijación de rutas y choferes únicos generó resistencia en el sector privado.
Preocupación por seguridad y logística
Los gremios de comercio manifestaron que la entrega de información tan específica en las guías de despacho representaba un riesgo de seguridad. Según voces del sector, el exceso de datos detallados facilitaría el robo de carga al exponer la logística interna de las empresas.
Sebastián Hurtado, fiscal de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), valoró la decisión de la autoridad. El representante señaló que la normativa original pretendía transformar la dinámica logística real, volviendo impracticables las operaciones comerciales cotidianas.
“Esperamos que el Servicio pueda reunirse con los distintos actores de la actividad de transporte de bienes muebles para, en conjunto, construir una herramienta que promueva el comercio lícito y la trazabilidad, sin desnaturalizar ni hacer impractibales operaciones ordinarias”, afirmó Hurtado.
Por su parte, Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile, indicó que el retraso responde a fallas en la planificación de la norma original. Pizarro advirtió que la regulación no contempló situaciones particulares de la industria logística que afectan tanto a negocios como a grandes cadenas de suministro.
Con esta postergación, el SII anunció un plan de trabajo que incluirá reuniones y capacitaciones con el rubro comercial. El objetivo es resolver las inquietudes técnicas y facilitar la puesta en marcha de las nuevas exigencias de fiscalización en un plazo de seis meses.
