La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) anunció nuevas multas contra CGE Transmisión y Engie Energía por su responsabilidad en el apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025. Ambas compañías fueron sancionadas con 60.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) cada una, sumando un total de más de $8.350 millones en sanciones.
La razón principal de estas multas, según detalló la SEC, fue la “falta de mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA” de ambas empresas eléctricas. Estas dos sanciones se suman a las ya comunicadas el viernes anterior contra Interchile, Transelec, Alfa Transmisora y el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).
El monto total de las multas aplicadas hasta la fecha a las cinco empresas sancionadas asciende a más de $29.000 millones, lo que representa aproximadamente US$34 millones. La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, afirmó que las nuevas sanciones forman parte de la misma investigación exhaustiva sobre las causas del corte de suministro.
Cabeza Vargas explicó que la indagación analizó miles de antecedentes técnicos y operativos para determinar las responsabilidades concretas sobre la extensión y duración de la interrupción eléctrica. La autoridad señaló que la investigación no se ha cerrado completamente, dejando abierta la posibilidad de nuevas sanciones.
Se recuerda que previamente, Interchile fue multada con $12.500 millones, Transelec con $5.500 millones y Alfa Transmisora con $3.500 millones. Adicionalmente, los consejeros del CEN enfrentaron multas de 300 UTM cada uno, pagaderas con patrimonio personal, por incumplimiento en sus deberes de vigilancia.
El Coordinador Eléctrico Nacional ya manifestó su desacuerdo con la sanción impuesta a sus consejeros, indicando que solicitarán la revisión administrativa correspondiente según lo estipulado en la ley vigente. Esta serie de multas subraya el escrutinio regulatorio sobre la infraestructura crítica chilena tras fallas sistémicas.
La SEC mantiene formulaciones de cargos pendientes contra otras generadoras, incluyendo AES Andes, Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales. Esto sugiere una fiscalización continua sobre la resiliencia y mantenimiento preventivo de los sistemas energéticos nacionales.
