La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que en 2025, el primer año completo bajo la administración de Claudia Sheinbaum, se efectuaron 503 embargos por contrabando, asegurando mercancías valoradas en 11,797 millones de pesos. Esta cifra representa más del doble del valor incautado en 2024, cuando se registraron 371 decomisos por 4,487 millones de pesos, según datos de la SHCP.
Este aparente contraste entre la disminución en el número de procedimientos administrativos y el aumento en el valor recuperado se atribuye a reformas legales recientes y al uso intensivo de tecnología. Se implementaron modificaciones al Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos y la Ley Aduanera, complementadas con cruces de información avanzados e Inteligencia Artificial.
Expertos señalan que la autoridad fiscal ha pasado de enfocarse únicamente en el embargo administrativo a construir casos sólidos con daños cuantificados que pueden derivar en créditos fiscales sustanciales y, crucialmente, en responsabilidades penales. Un socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE) indicó que la autoridad ya no solo se conforma con la incautación inmediata.
Un indicador clave de esta estrategia es el incremento en la generación de expedientes administrativos por parte de la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales (ACAPE) del SAT. En 2025, estos expedientes sumaron 151 casos, involucrando perjuicios estimados en 52,014 millones de pesos, un salto considerable desde los 64 expedientes registrados en 2024 por 6,466 millones de pesos.
El desafío futuro, según analistas, radica en la capacidad del SAT para llevar estos expedientes penales a una fase de judicialización efectiva. El éxito se medirá en cuántas de estas carpetas de investigación por contrabando logran traducirse en órdenes de aprehensión emitidas por un juez a través de la Fiscalía General de la República.
Este enfoque sugiere una priorización en la persecución de grandes esquemas de defraudación fiscal relacionados con el comercio exterior, en lugar de operativos dispersos de menor cuantía. La eficiencia en la cuantificación del daño fiscal parece ser el nuevo motor de la recaudación en materia aduanera.
