El Servicio de Administración Tributaria revocó la autorización para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones de la sociedad civil. El documento oficial fue difundido por la dependencia encabezada por Antonio Martínez Dagnino. El motivo fue que las entidades no reunieron los requisitos relativos a la autorización conforme a las disposiciones legales vigentes. La medida implica cambios significativos en el financiamiento de las entidades no lucrativas.
Entre las organizaciones afectadas se encuentran Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad. Si la entidad no recupera su autorización en un plazo de 12 meses, está obligada por ley a destinar su patrimonio a otra donataria autorizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló las organizaciones en un documento oficial. Estas entidades han realizado investigaciones clave sobre educación, justicia y economía en el país.
La revocación deriva de la Ley general en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación publicada el ocho de mayo de 2023. Esta norma limitó la validez de las constancias emitidas de forma permanente por el Conacyt. El reglamento interior de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación entró en vigor el 28 de noviembre de 2024. Ambas regulaciones presentan un vacío normativo al no prever un mecanismo expreso para acreditar a las organizaciones. El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas también se vio afectado por estas restricciones.
ONG consultadas por EL UNIVERSAL señalaron que están resolviendo sus trámites en tiempo y forma ante el SAT. Algunas mencionaron que será hasta el 31 de marzo cuando reciban respuesta por parte del Servicio de Administración Tributaria. Rechazaron ser un sector que no pague impuestos o que no cumpla con los requisitos marcados. Y reconocieron que esta situación los afecta no sólo en la percepción de donativos. El SAT ha respondido que revisará cada caso individualmente.
Para Saskia Niño de Rivera, activista y cofundadora de la organización civil Reinserta, el gobierno no puede hacer todo por sí solo. Agregó que es importante la sociedad civil organizada y que existan ONG para generar comunidad. Desafortunadamente, en el sexenio pasado hubo restricciones cuyo objetivo era difamar a las organizaciones de la sociedad civil. No se trata de prohibir, se trata de meter mejores procesos de transparencia, pero bajo ningún sentido cancelarnos.
Para el activista Michael Chamberlin, la participación de las ONG en asuntos públicos es un derecho en una democracia. La inhabilitación, así como la reducción para la deducibilidad de impuestos, atenta contra ella afectando a donatarias, pero también a donantes. Si este gobierno se dice de acuerdo con la democracia participativa, debe incentivar esta forma de participación. Es una lástima el cierre democrático y esto es realmente preocupante.
Carlos Torres, especialista en ONG y académico de la UNAM, señaló que el documento exhibe a tres organizaciones con postura crítica. Esto es muy relevante porque no deja de llamar la atención que estas tres organizaciones muy destacadas enfrentarán dificultades de financiamiento. Muchos donantes no querrán seguir manteniendo los apoyos para estas organizaciones. La pérdida de deducibilidad fiscal reduce el incentivo para donaciones privadas.
La situación afecta no sólo en la percepción de donativos sino en demostrar a la sociedad la causa por la cual están trabajando. El espacio democrático parece cerrarse rápidamente hacia elementos que deslizan hacia el autoritarismo. El cierre de espacios para la crítica y el escrutinio público es la preocupación central del sector. La reducción de recursos limita la capacidad de incidencia política de la sociedad civil.
Las organizaciones deben decidir si se ajustan a la nueva normativa o si buscan alternativas de financiamiento. La economía de la sociedad civil enfrenta un reto significativo con la pérdida de deducibilidad fiscal. Se observa un cambio en la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. El impacto final dependerá de cómo reaccionen los donantes ante la incertidumbre. El gobierno federal deberá definir los pasos siguientes para regular esta área.
