Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas, estados con alta actividad económica y presencia de grupos criminales, suman un Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 5.5 billones de pesos, lo que representa cerca de una sexta parte de la economía total de México. Esta concentración económica se encuentra bajo presión debido a la escalada de inseguridad y la diversificación de actividades ilícitas.
Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México, identificó el robo en carreteras y la extorsión como los delitos con mayor impacto económico, pues afectan directamente las decisiones de inversión de las PyMEs y modifican la logística de distribución. Estos factores incrementan el costo estructural para operar negocios en las zonas afectadas.
De acuerdo con datos de Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), la violencia del crimen organizado se ha expandido más allá del narcotráfico hacia la extorsión y el control territorial. Esta diversificación genera costos directos como primas de seguro más altas y ajustes logísticos, que pueden representar hasta un 10% de aumento en los costos operativos empresariales.
Jalisco destaca como un polo tecnológico y logístico, con exportaciones manufactureras significativas, mientras que Guanajuato enfrenta amenazas por la disputa en nodos energéticos como Salamanca. En Michoacán, la extorsión funciona como un "impuesto informal" que impacta directamente a la agroindustria del aguacate, motor económico regional.
En Tamaulipas, el robo al transporte de carga en corredores fronterizos afecta las cadenas de suministro orientadas a la exportación, complicando el flujo comercial transfronterizo. Aunque las cancelaciones de inversión no son generalizadas, las empresas están mostrando mayor cautela en sus planes de expansión.
La Universidad Nacional Autónoma de México ha señalado que la violencia criminal no solo impone costos directos, sino que también distorsiona los mercados locales y exacerba las desigualdades competitivas. El Índice de Paz México 2025 estimó que el impacto económico de la violencia en el país alcanzó los 4.5 billones de pesos en 2024, equivalentes al 18% del PIB nacional.
Las empresas se ven obligadas a desviar recursos de actividades productivas hacia gastos en seguridad privada y protección logística, lo cual inhibe el crecimiento potencial de estas economías regionales. La persistencia de este entorno de riesgo obliga a las autoridades a considerar el impacto macroeconómico de las estrategias de seguridad.
