La Costa Oriental del Lago de Maracaibo, donde se ubican antiguos campamentos petroleros como Miraflores, contrasta la opulencia pasada con el declive actual de la industria energética venezolana. Esta área, fundamental para la extracción de crudo, es vista como el pivote para un plan de inversión potencial de hasta 100.000 millones de dólares por parte de empresas estadounidenses. El país alberga cerca de 303.000 millones de barriles de reservas probadas, según estimaciones.
El abandono es visible en las instalaciones: múltiples bombas y plataformas de perforación se encuentran oxidadas y paralizadas, aunque un número reducido ha sido reactivado. Las comunidades construidas por compañías como Chevron y Shell en las décadas de 1920 y 1930, que ofrecían servicios sociales completos, ahora padecen fallas eléctricas y abandono estructural. Residentes antiguos, como Gladysmila Gil, recuerdan la infraestructura robusta de antaño, contrastándola con la actual escasez de servicios básicos.
El Producto Interno Bruto (PIB) venezolano ha sufrido una contracción superior al 70% desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, reflejando la crisis nacional en esta región. Muchos jóvenes han emigrado, dejando atrás a una población envejecida, como José Gregorio Martínez, cuya pensión estatal de 2,80 dólares mensuales es insuficiente para cubrir necesidades básicas. Este éxodo es un microcosmos del colapso socioeconómico generalizado.
Históricamente, Venezuela alcanzó picos de producción de 3,5 millones de barriles diarios en la década de 1970, gestionados por concesiones extranjeras antes de la nacionalización en 1976 bajo la estatal PDVSA. La posterior reestructuración de PDVSA en 2002, que incluyó el despido de miles de técnicos experimentados, es citada como un punto de inflexión negativo en la capacidad operativa, según reportes de ex-empleados.
Si bien la administración actual señala las sanciones estadounidenses impuestas desde 2017 como el principal obstáculo para la producción, el marco regulatorio ha mostrado flexibilidad reciente. Tras la detención del presidente Maduro, el gobierno interino, a través de Delcy Rodríguez, cooperó con la administración Trump para modificar leyes y permitir nuevos modelos de contrato para la inversión extranjera y local.
El parlamento venezolano, controlado por leales a Maduro, aprobó el jueves una modificación legal clave para facilitar estas operaciones petroleras. La esperanza entre los habitantes locales, como el pescador Carlos Rodríguez, es que el retorno de la inversión internacional no solo reactive la producción, sino que también aborde la severa contaminación del lago, que afecta la pesca diaria.
La reactivación del sector petrolero bajo un nuevo esquema contractual representa un delicado equilibrio geopolítico y económico. El éxito de este plan dependerá de la capacidad de las nuevas estructuras de gobernanza para asegurar la estabilidad operativa y atraer el capital necesario para restaurar la infraestructura crítica del principal activo venezolano.
