La Corte Suprema de Chile confirmó este lunes el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, acogiendo la solicitud presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente por los delitos de falsificación, uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias. La decisión del máximo tribunal ratificó la resolución previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, a pesar del recurso presentado por la defensa del legislador.
En una votación dividida, la Corte Suprema revocó parcialmente la decisión anterior al rechazar el desafuero solicitado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en relación con la querella por delitos tributarios. Esta distinción fue valorada por la defensa, aunque los querellantes minimizaron su impacto en la causa principal.
José Pedro Silva, abogado de la Municipalidad de Maipú, querellante en la causa, afirmó que la exclusión del delito tributario no debilita el caso, ya que el foco se mantiene en el fraude al Fisco y el tráfico de influencias, delitos por los cuales Lavín ha sido investigado extensamente. Silva expresó satisfacción por la confirmación del desafuero en los cargos más graves.
Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, destacó que la Suprema acogió el desafuero por todos los ilícitos presentados por el Ministerio Público, lo que permitirá solicitar medidas cautelares personales durante la formalización. Campos calificó los hechos como de "alta corrupción", involucrando un fraude superior a 104 millones de pesos provenientes de asignaciones parlamentarias.
Por su parte, Cristóbal Bonacic, abogado defensor de Lavín, consideró satisfactorio que se desechara la solicitud del SII, sugiriendo que esta acción penal fue presentada tardíamente y bajo presión del Ministerio Público. Bonacic indicó que la defensa aún tiene diligencias pendientes y que, de haberse realizado antes, el desafuero podría haberse evitado.
La confirmación del desafuero por los delitos de corrupción abre la puerta a que el Ministerio Público avance con la formalización del diputado Lavín, un paso clave en una investigación que ha generado atención en el ámbito político chileno. La Municipalidad de Maipú mantiene su postura de que la causa principal sigue robusta.
El rechazo del cargo tributario deja la acción penal del SII pendiente de análisis por parte del propio servicio, según lo señalado por Campos. Esto podría resultar en una causa separada o en la reevaluación de la acción penal por parte del organismo fiscalizador.
