A fines de enero, la Contraloría General de la República formalizó una resolución que redefine significativamente los actos administrativos sujetos a su toma de razón, el mecanismo de control de legalidad previo. Esta medida impacta directamente normativas, guías y orientaciones emitidas por organismos clave en la tramitación de permisos, incluyendo el Consejo de Monumentos Nacionales, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Dirección General de Aguas, según reportó La Tercera.
La nueva directriz pone bajo el escrutinio directo de la Contraloría el núcleo de la permisología chilena, un punto crítico para la reactivación económica. Analistas señalan que esta intervención ocurre en un contexto donde un potencial nuevo gobierno ha manifestado urgencia por desburocratizar estos procesos para impulsar la inversión.
La contralora Dorothy Pérez asume ahora una potestad central en la fiscalización de las decisiones regulatorias de ministerios y servicios sectoriales, incluyendo Vivienda y Medio Ambiente. Esta posición le otorga la custodia final sobre la legalidad de las directrices que afectan directamente la ejecución de proyectos en el país.
Si bien la medida puede interpretarse como un interés legítimo en asegurar que las modificaciones administrativas se ajusten estrictamente a la ley, también genera preocupación. Existe el temor de que la Contraloría, bajo un sentido de urgencia gubernamental, exceda su rol fiscalizador y asuma funciones cuasi-ejecutivas, lo cual es incompatible con su mandato constitucional.
Expertos advierten que la función de control de la Contraloría debe mantenerse separada de la coautoría o guía en la gestión económica gubernamental. En tiempos de cambio político, los controles y contrapesos son esenciales para mantener la institucionalidad democrática, un rol que se vuelve más importante ante el debilitamiento percibido de otras instituciones.
La Corte Suprema, por ejemplo, ha pasado de un activismo protector a un formalismo excesivo en el control de legalidad, según la opinión recogida. Paralelamente, el Congreso enfrenta un desprestigio que menoscaba sus propias capacidades fiscalizadoras sobre el Ejecutivo.
Pérez ha demostrado celo en auditorías previas sobre gasto público y el manejo de emergencias, manteniendo la independencia de la entidad. La expectativa es que continúe aplicando este rigor, evitando una etapa de excesiva desregulación que podría derivar en un debilitamiento de la gobernanza estatal.
