La Contraloría General de la República identificó irregularidades graves en la Fábrica y Maestranza del Ejército (FAMAE) durante una auditoría reciente. El informe final N°750 de 2025 revela pagos indebidos y fallas en procesos de compras durante el periodo 2022 a 2024. El organismo fiscalizador ordenó iniciar investigaciones administrativas y remitió antecedentes al Ministerio Público para su revisión. Además, el Consejo de Defensa del Estado recibió los antecedentes para los fines que corresponden legalmente en el sistema chileno.
Según reportó Pauta.cl, la entidad detectó indemnizaciones improcedentes por más de 1.000 millones de pesos en la empresa estatal. En total, 63 trabajadores desvinculados bajo la causal de mutuo acuerdo recibieron estos pagos, los cuales no contemplan compensaciones obligatorias. El informe señala que algunos montos superaron el monto correspondiente a los años de servicio de los funcionarios involucrados. Estas observaciones quedaron consignadas en el reporte del ente fiscalizador sobre la gestión administrativa del periodo revisado.
La auditoría identificó casos de especial cuantía donde al menos cuatro trabajadores recibieron indemnizaciones superiores a 100 millones de pesos. ADN Radio confirmó que estas sumas se pagaron a pesar de ser desvinculaciones acordadas entre las partes sin justificación legal. El organismo fiscalizador observó inconsistencias en los procedimientos utilizados por FAMAE para concretar las desvinculaciones en el sector público. La revisión se enfocó en la gestión administrativa durante esos años de gestión bajo la supervisión del Estado.
Además, el documento advirtió que algunos funcionarios fueron recontratados inmediatamente en el mismo cargo sin un procedimiento de reclutamiento. Esta práctica fue considerada irregular dentro de los procesos revisados por la Contraloría debido a la falta de transparencia. La falta de selección impidió garantizar la transparencia en la contratación de personal clave para la defensa nacional. El informe detalla que estos recontratos ocurrieron sin un procedimiento de reclutamiento y selección adecuado según la normativa.
En el ámbito de las adquisiciones, se identificaron problemas en la compra de una máquina láser por 70 millones de pesos en 2023. FAMAE adquirió el equipamiento mediante trato directo en agosto de 2023 sin acreditar la exclusividad del proveedor ni cumplir requisitos. El organismo indicó que la compra se concretó sin comparación de ofertas ni análisis técnico-financiero previo. Esto impidió exigir responsabilidades al proveedor por las fallas posteriores del equipo adquirido en el proceso.
La máquina presentaba fallas a los cuatro meses de uso y se mantuvo inoperativa hasta abril de 2025 según el reporte oficial. Las deficiencias en el control y operación del equipo impidieron exigir responsabilidades al proveedor inicial de la maquinaria. Esto generó preocupaciones sobre la eficiencia del gasto en maquinaria para la industria de defensa nacional. El organismo fiscalizador identificó deficiencias en el control y operación del equipo durante la revisión de las compras públicas.
Tras los hallazgos, el Consejo Superior de FAMAE instruyó una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios. El Consejo de Defensa del Estado también recibió los antecedentes para los fines que corresponden legalmente en el sistema nacional. La entidad fiscalizadora busca asegurar el cumplimiento de la normativa en la empresa pública de defensa y sus adquisiciones. Se espera que se conozcan más detalles sobre las sanciones aplicadas en los próximos meses por el organismo fiscalizador.
Estos hallazgos impactan la percepción sobre la gestión de recursos en el sector de defensa nacional y su transparencia. Las autoridades deberán responder sobre cómo se ejecutaron los procesos de desvinculación y compra de bienes en la empresa estatal. Se espera que se conozcan más detalles sobre las sanciones aplicadas en los próximos meses por el organismo fiscalizador. El informe final N°750 de 2025 establece las bases para la rendición de cuentas en el sector público chileno.
