Al menos cinco empresas pesqueras han iniciado procesos judiciales contra el Estado chileno para exigir indemnizaciones que suman cerca de 600 millones de dólares. Las demandas responden a la modificación de la ley que redistribuyó las cuotas de pesca entre los sectores industrial y artesanal.
Las compañías alegan que la nueva normativa constituye una expropiación indirecta. Según los demandantes, la reforma afecta las licencias establecidas bajo la ley 20.657 de 2013, las cuales garantizaban cuotas de captura con vigencia hasta el año 2032.
Vulneración al derecho de propiedad
El conflicto jurídico se origina en la promulgación de una ley que alteró la distribución de las cuotas sin contemplar compensaciones económicas para los afectados. Las empresas sostienen que esta medida vulnera el derecho de propiedad sobre sus cuotas y genera una desigualdad al imponer cargas regulatorias sin respaldo financiero.
Durante la tramitación legislativa, el Presidente Gabriel Boric defendió la medida argumentando que la ley buscaba la redistribución de la riqueza. "Quienes estamos en política, somos empleados del pueblo. No de las grandes empresas o los poderes fácticos", afirmó el mandatario al momento de la publicación de la norma.
Sin embargo, la industria sostiene que la modificación de las reglas del juego sin indemnización compromete la seguridad jurídica del sector. Las demandas buscan que el Estado responda por la responsabilidad derivada de la forma en que se implementaron estas regulaciones.
La controversia ocurre en un contexto de cambios legislativos profundos, tras la decisión del gobierno del Presidente Kast de retirar un proyecto de ley general de pesca para priorizar la reforma del estatuto vigente. El sector pesquero advierte que la falta de certeza normativa dificulta la planificación de inversiones a largo plazo en la actividad.
