El Congreso de Aguascalientes aprobó recientemente un impuesto dirigido a las aplicaciones de reparto digital, una medida que impacta a toda la cadena de valor, incluyendo repartidores, comercios locales y consumidores finales. Esta acción legislativa, reportada por expansión.mx, ha encendido alertas en el sector de la economía digital por sus implicaciones económicas y el proceso de su aprobación.
La principal controversia radica en que la reforma fue avalada sin abrir espacios de consulta o diálogo con las partes directamente afectadas, según advirtió AlianzaIn México. El director ejecutivo de la organización señaló que la decisión se tomó sin escuchar a repartidores, plataformas ni a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que dependen de estos servicios.
AlianzaIn México considera problemático el planteamiento fiscal, ya que argumentan que el cobro se centra únicamente en las plataformas digitales por el uso de infraestructura urbana. Cualquier actividad económica utiliza dicha infraestructura, por lo que imponer una carga exclusiva a este sector constituye un trato desigual y, potencialmente, discriminatorio.
Aunque el porcentaje exacto del gravamen no se detalla en las críticas iniciales, la organización advierte que el efecto real es acumulativo sobre los actores económicos involucrados. Se estima que cerca de 80,000 personas en Aguascalientes podrían verse afectadas directa o indirectamente por esta nueva contribución.
El ecosistema gastronómico de Aguascalientes depende significativamente de estas plataformas, con cerca de 9,000 restaurantes operativos en el estado. De ese total, aproximadamente el 80% son catalogados como MiPyMEs que utilizan estos servicios para sus operaciones diarias.
Asimismo, la medida afecta a unos 12,000 repartidores que obtienen ingresos a través de estas aplicaciones digitales, muchos de los cuales ya están sujetos a otros esquemas de contribución fiscal existentes en la entidad. Esto sugiere una potencial duplicidad o sobrecarga tributaria.
La aprobación de este impuesto abre un debate significativo sobre la tributación de la economía de plataformas en México y cómo los estados buscan capturar valor de los servicios digitales sin desincentivar la actividad económica local.
El siguiente paso será observar cómo las plataformas y los negocios afectados reaccionan ante la implementación del gravamen y si esta iniciativa sirve de precedente para otros estados mexicanos que buscan regular y gravar el sector digital.
