Los gremios artísticos y culturales de Chile han manifestado una alerta máxima ante la incorporación del artículo 8° al proyecto de Reconstruposición Nacional, impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. La medida busca modificar la Ley de Propiedad Intelectual para permitir la reproducción y adaptación de obras sin autorización ni pago al titular, siempre que el fin sea la minería de datos.
Según reportó latercera.com, la nueva normativa establece la licitud de utilizar contenidos protegidos para la extracción, clasificación o análisis estadístico de grandes volúmenes de texto, sonido o imagen. El Gobierno defiende la iniciativa argumentando que es fundamental para atraer inversión tecnológica al país.
El ministro de Hacienda, Jaime Quiroz, explicó que el objetivo es que Chile sea un destino elegible para la inversión en minería de datos destinada a la inteligencia artificial deslocalizada. Por su parte, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se mostró abierto a las discusiones que surjan en el debate parlamentario.
Tensión entre innovación y derechos de autor
Las reacciones en el sector creativo han sido de rechazo rotundo. La Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) y la Asociación Nacional de la Prensa expresaron su preocupación por el uso masivo de contenidos sin compensación económica para sus dueños. El abogado Maximiliano Santa Cruz advirtió que la redacción del artículo es "particularmente amplia" y crea un "límite difuso" que genera incertidumbre en el sistema de propiedad intelectual.
En el ámbito musical, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) calificó la propuesta como una vulneración a los principios del Derecho de Autor. "No está relacionado con el crecimiento del país ni con algún problema, sino que simplemente es una excepción que atenta gravemente contra los derechos de los autores", afirmó Juan Antonio Durán, Director General de la SCD.
El sector editorial también reportó una situación crítica. Ángela Neira, secretaria General de la Sociedad de Derechos de las Letras (Sadel), describió la disposición como una "amenaza existencial" para la sostenibilidad económica de los creadores nacionales frente a los modelos de IA.
Desde la Asociación de Autoras Chilenas (AUCH+), la vocera Beatriz García-Huidobro exigió respeto, señalando que las instituciones tecnológicas obtendrán beneficios mientras los creadores podrían ser omitidos o ver sus obras alteradas. En sintonía, Soledad Escudero, de la Corporación del Libro y la Lectura, sostuvo que el artículo beneficia casi exclusivamente a las grandes empresas tecnológicas.
El cine y la actuación no quedaron fuera del conflicto. Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine de Chile, criticó que un cambio estructural de esta naturaleza se tramite como una norma accesoria. Finalmente, Chiletractores manifestó su sorpresa y alertó sobre la tendencia internacional de buscar acuerdos compensatorios y licencias para el entrenamiento de IA. "No podemos permitir que sean los autores, los artistas y los creadores quienes paguen el precio de la innovación", concluyó la organización.
