La reciente implementación por parte de la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) de vagones de primera clase sin acceso para menores de 12 años ha encendido un intenso debate en Francia sobre los límites de la segregación en los servicios públicos.
Inicialmente, la compañía ferroviaria enfrentó críticas por una formulación vaga que prohibía la entrada a "niños", lo que generó acusaciones de discriminación generalizada. La SNCF rectificó rápidamente, especificando la restricción a menores de 12 años y argumentando que esta práctica ya era común en rutas de negocios durante la semana.
Sin embargo, la controversia ha trascendido la mera política tarifaria. La reacción pública y política ha sido significativa, impulsando la presentación de proyectos de ley en el parlamento francés destinados explícitamente a prohibir la creación de zonas libres de niños en el transporte público, citando principios de no discriminación.
Este incidente subraya una tendencia global: la búsqueda de nichos de tranquilidad en entornos cada vez más saturados. Aunque la medida de la SNCF se aplica a un segmento premium y de alta frecuencia, resuena con discusiones más amplias sobre cómo equilibrar la comodidad de ciertos usuarios con el derecho universal al acceso.
Analistas señalan que este debate toca fibras sensibles sobre la convivencia intergeneracional y la mercantilización del espacio público. ¿Debe el sector privado —o concesionado, como el ferroviario— tener la potestad de segmentar servicios basándose en la demografía del usuario, incluso si se enmascara como una mejora de servicio?
El fenómeno de las "zonas tranquilas" está en crecimiento en diversos sectores de servicios, desde aerolíneas hasta hoteles. En el contexto francés, la rapidez con la que el debate ha escalado a nivel legislativo indica una baja tolerancia a lo que muchos perciben como una privatización del silencio.
La resolución de esta disputa no solo afectará a los viajeros de tren, sino que sentará un precedente importante sobre la regulación de las políticas de acceso en infraestructuras críticas, marcando una posible línea roja entre la diferenciación de servicios y la exclusión social. La fuente de esta información es FRANCE 24.
