Los tribunales de San Isidro, Argentina, reanudaron este martes por la mañana las actuaciones para establecer la responsabilidad penal relacionada con los últimos días de vida de Diego Armando Maradona. El nuevo juicio surge tras la nulidad total de un proceso previo, luego de que una jueza fuera apartada de su cargo por filmar clandestinamente un documental dentro de la sala de audiencias.
Siete profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual. La fiscalía busca demostrar que la negligencia y las fallas profesionales provocaron la muerte del ícono del fútbol, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.
Tanto la defensa como la fiscalía prevén un proceso más ágil en esta ocasión. El número de testigos se ha reducido de más de 200 en el intento anterior a 92 para esta nueva etapa de audiencias.
Las acusaciones
La fiscalía señala al neurocirujano Leopoldo Luque como uno de los principales acusados. El Estado alega que Luque ignoró síntomas que derivaron en la muerte de Maradona y que incumplió sus deberes como médico tratante.
El abogado de Luque, Francisco Oneto, rechaza estas acusaciones. "No era el médico de Maradona, no estaba a cargo del cuidado domiciliario y, desde luego, no tomó la decisión de esa internación", declaró Oneto a BioBioChile.
La psiquiatra Agustina Cosachov también enfrenta cargos. Los fiscales sostienen que administró medicación contraindicada y que no realizó las maniobras de reanimación necesarias cuando Maradona fue hallado inconsciente.
Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, argumenta que las pruebas científicas no pueden demostrar un vínculo directo entre las acciones de la profesional y el evento cardíaco. "No se puede establecer una causalidad entre la muerte de Maradona por un problema cardíaco y la actividad realizada por la psiquiatra", afirmó Mischanchuk.
La acusación también incluye al psicólogo Carlos Díaz, al enfermero Ricardo Almirón y a los coordinadores Nancy Forlini y Mariano Perroni. Todos están acusados de incumplimiento de sus deberes profesionales durante la internación domiciliaria.
Para la familia Maradona, la batalla legal sigue siendo una cuestión de justicia y cierre. El juicio anterior, que duró tres meses, perdió toda validez jurídica después de que la jueza Julieta Makintach fuera apartada de su cargo por filmaciones no autorizadas.
"La familia no ha podido hacer su duelo", añadió Mischanchuk, señalando la enorme presión que conlleva un juicio que involucra el nombre de Maradona.
El abogado Pablo Jurado, representante de Jana Maradona, señaló que el proceso actual carga con el peso de las frustraciones previas. Se ha programado que las audiencias se realicen todos los martes y jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7.