La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes la propuesta de una ley de amnistía general que abarcaría el periodo de violencia política desde 1999 hasta la fecha, con el potencial de liberar a cientos de reclusos. El anuncio se realizó en un evento con magistrados y funcionarios gubernamentales, poco después de que Estados Unidos detuviera al presidente Nicolás Maduro y su esposa.
Rodríguez indicó que la Asamblea Nacional tramitaría el proyecto de ley con carácter de urgencia, expresando el deseo de que la legislación sirva para "sanar las heridas dejadas por el enfrentamiento político". La funcionaria enfatizó que el objetivo es redirigir la justicia y la coexistencia entre los ciudadanos venezolanos.
Adicionalmente, la presidenta interina decretó el cierre de El Helicoide, una notoria cárcel de seguridad del estado en Caracas, conocida por denuncias de torturas y abusos a los derechos humanos. Rodríguez detalló que el espacio será reconvertido en un centro social, deportivo y cultural para las comunidades aledañas.
Organizaciones de derechos humanos han recibido la noticia con cautela. Foro Penal, un grupo venezolano que monitorea detenciones, estima que 711 personas permanecen encarceladas por actividades políticas, de las cuales 183 ya han sido sentenciadas. El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, acogió con agrado la amnistía, siempre que se aplique a todos los detenidos sin discriminación.
Romero advirtió que la ley no debe convertirse en un "manto de impunidad" y debe contribuir al desmantelamiento del aparato represivo de persecución política. El gobierno de Rodríguez ya había liberado a unas 302 personas tras el secuestro de Maduro, según cálculos de Foro Penal.
El gobierno venezolano consistentemente niega la existencia de presos políticos, argumentando que todos los encarcelados han cometido delitos. Sin embargo, la liberación de activistas como Eduardo Torres, trabajador de derechos humanos detenido desde mayo de 2025, sugiere un cambio en la política de detenciones tras el evento geopolítico reciente.
El contexto de esta amnistía es crucial, ya que se presenta bajo una administración provisional forzada y en medio de una alta tensión internacional por la detención de Maduro. La implementación y el alcance real de la ley serán observados de cerca por la comunidad internacional y los grupos de defensa de los derechos humanos.
