Un juzgado español ha imputado formalmente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de corrupción tras una investigación penal de varios años, según informan France24 y la BBC.
Los cargos, que incluyen malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, derivan de una investigación abierta por el juez Juan Carlos Peinado en abril de 2024. La pesquisa analiza si Gómez utilizó su posición para obtener beneficios privados.
Según la BBC, la fiscalía sostiene que Gómez aprovechó su relación con el presidente para impulsar su carrera en la Universidad Complutense de Madrid. En concreto, el tribunal investiga su papel como directora de un máster en estudios empresariales, señalando la falta de cualificación adecuada como indicio de una posible irregularidad.
Consecuencias políticas e investigaciones en curso
Gómez y Sánchez se encuentran actualmente en una visita oficial a China, coincidiendo con la publicación del fallo judicial este lunes. Ambos niegan las acusaciones de utilizar recursos públicos para intereses privados.
Sánchez ha calificado previamente las acusaciones como una táctica política de la derecha para socavar su gobierno de coalición. Durante las primeras etapas de la investigación, el presidente suspendió sus funciones públicas durante cinco días para "parar y reflexionar" sobre su liderazgo. Describió la situación como "el fango" en el que la derecha y la extrema derecha intentaban arrastrar la política.
Sánchez también denunció una "estrategia de acoso" destinada a debilitarlo políticamente mediante un ataque personal contra su esposa. La denuncia inicial fue presentada por el grupo anticorrupción Manos Limpias, liderado por Miguel Bernad, una figura vinculada a la extrema derecha.
Este desarrollo judicial se produce tras otros escándalos recientes que involucran al entorno del presidente. La BBC informa que el hermano de Sánchez, David Sánchez, ha sido investigado en una pesquisa sobre presunto tráfico de influencias relacionado con su contratación por parte de un gobierno regional. Asimismo, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se enfrenta recientemente a un juicio por presunto cobro de comisiones relacionadas con la venta de material sanitario durante la pandemia.
