El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y entidades asociadas demandaron al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y al Departamento del Tesoro por una suma de $10.000 millones, según reportó ua.news. La demanda, radicada en un tribunal federal de Miami el 29 de enero, se centra en la filtración de las declaraciones fiscales del exmandatario correspondientes a los años 2019 y 2020.
Los demandantes sostienen que las agencias gubernamentales mostraron una inacción deliberada respecto a la seguridad de la información sensible, lo que permitió que un exempleado contratado por el IRS, Charles Littlejohn, accediera y divulgara los documentos a la prensa. Littlejohn fue acusado formalmente en septiembre de 2023 por la divulgación, la cual los demandantes atribuyen a motivaciones políticas.
La acción legal argumenta que esta filtración ha causado un daño reputacional y financiero significativo e irreparable a Trump y sus intereses comerciales. Por ello, los demandantes buscan compensación por daños punitivos, sugiriendo que la divulgación fue intencional o resultado de una negligencia extrema por parte de las instituciones federales.
Este litigio representa un episodio inusual, dado que un expresidente demanda directamente a agencias que operan bajo la estructura administrativa del gobierno federal estadounidense. La disputa subraya las continuas tensiones legales que rodean a la figura de Trump y sus negocios.
Adicionalmente, Trump ha iniciado otro proceso legal separado contra JPMorgan Chase por $5.000 millones, acusando al banco de actuar de manera indebida por supuestos motivos políticos. Estas batallas judiciales múltiples ilustran un entorno legal complejo para el expresidente.
La implicación económica de estas demandas se centra en la potencial responsabilidad financiera del gobierno federal por fallas en la custodia de datos privados de alto perfil. El caso podría establecer precedentes sobre la seguridad de la información fiscal de figuras públicas y ejecutivos.
