El tribunal encargado del caso Pacogate rechazó este lunes la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público contra 25 personas condenadas por el millonario fraude en Carabineros. La resolución judicial mantiene las medidas cautelares actuales, que consisten mayoritariamente en arrestos domiciliarios totales y nocturnos.
Esta resolución se produce tras el veredicto condenatorio emitido el pasado viernes. En dicha instancia, el tribunal declaró culpables a 25 de los 28 acusados por delitos de malversación de caudales públicos reiterada y lavado de activos.
El fiscal adjunto, Osvaldo Montero, lideró la petición para endurecer las restricciones de los sentenciados. El Ministerio Público argumentó que la reciente condena constituye un antecedente fundamental que justifica la necesidad de la medida de prisión preventiva para los implicados.
“Se solicitó en concreto la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los 25 condenados. El tribunal ponderó los antecedentes y tomó la decisión de mantener las medidas a las que ya se encuentran sujetos actualmente”, explicó Montero sobre la decisión del tribunal.
La defensa cuestiona la investigación
Desde la defensa técnica, los abogados valoraron los resultados del juicio, haciendo especial énfasis en las absoluciones obtenidas. El abogado Francisco Castillo destacó la situación de su representado, Iván Whipple, tras años de litigio en una causa de alta complejidad.
Castillo señaló que la gestión de las instituciones estatales fue deficiente durante la fase de investigación. “Si los resultados de la investigación, que no desconocemos fue compleja, hubiesen sido revisados con objetividad por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, don Iván Whipple no tendría que haber sido llevado a juicio oral, precisamente porque los antecedentes desde el inicio dieron cuenta de su inocencia”, afirmó el abogado.
El defensor también planteó que las medidas de arresto actuales son suficientes para el proceso. Argumentó que el tribunal reconoció atenuantes en el veredicto y que la duración de la causa podría implicar que parte de las penas ya han sido cumplidas.
Por su parte, la Fiscalía advirtió sobre la severidad de las sanciones pendientes. Los condenados enfrentan penas que podrían superar los 20 años de cárcel, debido a la magnitud de los delitos y el volumen de pruebas presentadas en una causa marcada por la cantidad de imputados y la complejidad de los antecedentes.
