La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con la decisión del Senado de excluir la revocación de mandato del Plan B de reforma electoral. Aunque reconoció la aprobación de medidas de austeridad, consideró que la omisión de ese mecanismo no beneficia al país. El jefe de la Oficina de la Presidencia confirmó que la consulta pública se mantendría vigente para el futuro inmediato.
El Senado de la República aprobó el paquete de reformas sin incluir la propuesta de permitir la consulta en el tercer año del sexenio. Sheinbaum aclaró que la intención no era obligar una revocación en 2027, sino ampliar la posibilidad de solicitarla mediante firmas ciudadanas antes del cuarto año. Esta modificación buscaba sincronizar el proceso con otros eventos electorales para optimizar recursos y reducir costos operativos.
“Entonces, esa parte (de los privilegios) ya se aprobó, la otra… pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina, según informó El Universal. Señaló que los cambios prioritarios enfocados en disminuir gastos excesivos fueron respaldados por los senadores. La decisión final dejó pendiente la posibilidad de revocar el cargo en fechas intermedias sin obligatoriedad.
La titular del Ejecutivo federal sugirió que la resistencia legislativa podría responder a temores políticos de los partidos sobre su presencia en la boleta. Descartó que esto influyera en los resultados, argumentando que la revocación y la votación constitucional son procesos distintos. Afirmó que los partidos temían que su figura política afectara los conteos de votos en su contra durante las campañas.
Durante el debate, Sheinbaum afirmó que no se presentaron argumentos sólidos para impedir la aplicación del mecanismo en 2027 o futuros gobiernos. Consideró que negar esta posibilidad en el tercer o cuarto año no tiene justificación técnica o legal suficiente. El Partido del Trabajo frenó la propuesta durante la discusión en el recinto legislativo nacional.
Pese a la discrepancia, la presidenta destacó que se aprobó lo principal relacionado con la reducción de privilegios y austeridad. Entre los cambios avalados se encuentran la disminución de prestaciones para consejeros electorales y límites salariales constitucionales. También se incluyeron recortes presupuestales en órganos legislativos para evitar el crecimiento burocrático excesivo. Indicó que luchan por acabar con el régimen de corrupción y privilegios que prevaleció por lo menos por 36 años.
Su gobierno continuará impulsando reformas para abaratar el sistema electoral y ampliar la participación ciudadana en todo el territorio. Reconoció que las principales modificaciones constitucionales de su administración ya fueron concretadas tras la votación en el Congreso. El objetivo es reducir los costos operativos de los procesos democráticos a nivel nacional para el beneficio de los votantes.
El Ejecutivo federal mantendrá la insistencia en que las elecciones no sean tan costosas para el país en las próximas décadas. La mandataria concluyó que es vital que la gente decida más sobre el rumbo de la administración pública actual. Se espera que las comisiones continúen analizando detalles menores en los próximos días para ajustar la normativa. La reforma busca asegurar transparencia en el uso de los recursos públicos federales y evitar el derroche.
