El pleno del Senado de la República inició este jueves un periodo extraordinario de sesiones marcado por la aprobación, en lo general, de una reforma constitucional al Poder Judicial que pospone la elección de jueces y magistrados hasta el primer domingo de junio de 2028. La iniciativa, avalada con 87 votos a favor y 40 en contra, permite que los actuales siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan reelegirse por un nuevo periodo de seis años, extendiendo su permanencia hasta 2034.
La sesión estuvo marcada por la ausencia del senador morenista Enrique Inzunza, quien enfrenta acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Inzunza solicitó una licencia temporal de apenas 22 horas, la cual concluye este viernes 29 de mayo a las 15:00 horas, periodo durante el cual perderá el fuero constitucional. En su lugar, rindió protesta como suplente Omar Alejandro López Campos, quien hasta hoy se desempeñaba como titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) en Sinaloa y es ahijado del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
La reforma, que también reduce de nueve a ocho años el encargo de los juzgadores que resulten electos en 2028, fue duramente cuestionada por la oposición. El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, denunció un conflicto de interés derivado de la reserva impulsada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, que permite a los magistrados electorales competir en los mismos procesos que ellos deberán arbitrar. “Nadie puede ser árbitro de la contienda en la que también es contendiente”, señaló Colosio Riojas durante su intervención ante las comisiones unidas.
Por su parte, el senador del PAN, Marko Cortés, calificó la reforma como un intento de control bajo la fachada de profesionalización. Cortés aseguró que el oficialismo busca “proteger a los narco gobernadores, a los narco funcionarios y a los narco legisladores”, además de criticar la falta de prohibiciones sobre el uso de materiales de apoyo durante la elección judicial.
En paralelo, el caso de Enrique Inzunza ha escalado a nivel judicial, con la Fiscalía General de la República (FGR) citando al senador y a otros funcionarios sinaloenses a declarar tras las acusaciones de fiscales estadounidenses sobre sus supuestos nexos con 'Los Chapitos'. Inzunza, quien en redes sociales calificó la situación como una “embestida mediática” de la derecha, justificó su licencia temporal argumentando que sería su suplente quien participaría en las sesiones de jueves y viernes.
La inestabilidad política en Sinaloa también ha afectado el entorno de la libertad de prensa. Artículo 19 denunció que el periodista Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, ha recibido amenazas de muerte tras publicar investigaciones sobre presuntos actos de opacidad y nepotismo vinculados al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. De acuerdo con el organismo, el comunicador, quien cuenta con medidas de protección desde 2022, fue blanco de mensajes intimidatorios que incluían amenazas directas hacia su familia y sus nietos tras cuestionar la transparencia de un corporativo donde presuntamente laboran hijos del mandatario estatal.
