Las autoridades de las 18 universidades estatales de Chile iniciaron un enfrentamiento directo con el Gobierno ante la posibilidad de que un ajuste presupuestario del 3% impacte al sector. El Consorcio de Rectores de las Universidades Estatales (Cuech) emitió un comunicado advirtiendo que no existe margen para reducir los recursos sin comprometer la calidad de la educación pública.
Según reportó latercera.com, las autoridades universitarias han recibido señales de las ministras de Educación, María Paz Arzola, y de Ciencia, Ximena Lincolao, sobre la posibilidad de que el ajuste fiscal anunciado por la administración de José Antonio Kast afecte de manera transversal los aportes a la educación superior.
El conflicto surge tras reuniones sostenidas en las últimas dos semanas con autoridades de los ministerios de Educación y Ciencia. Los rectores temen que el recorte, que el Gobierno ha planteado como una medida de control del gasto público, alcance a las casas de estudio estatales.
Riesgos para el desarrollo regional
En su pronunciamiento, el Cuech señaló que la reducción de los aportes fiscales directos implicaría riesgos para la sostenibilidad del sistema y su aporte estratégico al país. “No existe margen real para un ajuste financiero en las universidades estatales sin afectar la calidad de la educación pública, dadas las restricciones estructurales del sistema”, sostuvo el organismo.
El comunicado destaca que menores recursos contravienen la necesidad de fortalecer la investigación y la innovación, especialmente en regiones. Según el texto, las universidades estatales cumplen un rol insustituible en el desarrollo territorial, productivo, social y científico de las zonas fuera de la capital.
Los rectores también criticaron la actual configuración normativa, argumentando que el sistema estatal posee más trabas que las universidades privadas, lo que limita su capacidad de absorber reducciones presupuestarias sin impactos sustantivos en su misión legal.
La postura del Cuech también incluyó una solicitud de moratoria para el ingreso de nuevas instituciones al sistema de gratuidad. El consorcio argumenta que la expansión de la oferta privada no tradicional ha incrementado la presión sobre el gasto fiscal, concentrando más recursos públicos en entidades privadas.
Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, ha mantenido una postura clara sobre las prioridades de gasto. Durante su debut como ministra en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), la autoridad indicó que el financiamiento para la educación superior no sería la prioridad de su gestión, la cual se centrará en la primera infancia.
Al ser consultado sobre el pronunciamiento de los rectores, el Ministerio de Educación declinó realizar comentarios al respecto.
