Comienzan los procedimientos legales en Coronel
El proceso judicial relacionado con el trágico hundimiento del barco pesquero Bruma comenzó esta semana en el Juzgado de Garantía de Coronel. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, presentó oficialmente cargos contra tres miembros de la tripulación del buque pesquero de mayor tamaño Cobra, acusándolos de homicidio culposo tras una colisión fatal ocurrida el 30 de marzo de 2025.
Los acusados —el capitán Roberto Mansilla, un oficial de navegación (piloto) llamado Luis Macaya y el vigía Jaime Sandoval— enfrentan ahora una batalla legal centrada en acusaciones de negligencia profesional. La fiscalía ha solicitado medidas cautelares, que incluyen arresto domiciliario nocturno, firma quincenal y arraigo nacional para los imputados.
La noche de la colisión
Durante la audiencia, los fiscales detallaron los eventos de la madrugada del 30 de marzo de 2025. Aproximadamente a las 3:08 a.m., al noreste de la isla Santa María, el Cobra, de 64,7 metros de eslora, colisionó con el Bruma, mucho más pequeño, de 14,7 metros. El impacto, descrito por la fiscal Cartagena como un evento de "alta energía", provocó que el Bruma se fragmentara y se hundiera, resultando en la muerte de los siete tripulantes a bordo: José Luis Medel Sepúlveda, Jonathan Daniel Torres Saldaña, José Luis Medel González, Juan Jorge Muñoz Valladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz y Carlos Hugo Escárate Ramírez.
Según la fiscalía, el Cobra navegaba en condiciones de vientos calmos y buena visibilidad. El Bruma se encontraba supuestamente detenido, exhibiendo una luz de tope para señalar su posición, una señal que debería haber sido visible desde el puente del Cobra.
Alegaciones de negligencia
La fiscal Cartagena argumentó que la colisión no fue un mero accidente, sino una consecuencia directa del incumplimiento de las normas de seguridad marítima por parte de los acusados. "La colisión se produjo como consecuencia de las acciones negligentes y la infracción de la normativa marítima por parte de los imputados", declaró Cartagena. Enfatizó que los miembros de la tripulación, según sus respectivos roles en el puente, tenían el deber fundamental de garantizar una navegación segura y prevenir tales incidentes.
Aunque cuatro miembros de la tripulación estaban de servicio en ese momento, la fiscalía señaló que una cuarta persona, Juan Sanhueza, quien también estaba en el Cobra durante el incidente, falleció posteriormente por suicidio.
Responsabilidad corporativa
En una expansión significativa del caso, la fiscalía también ha procedido a formalizar cargos contra Blumar S.A., la empresa que opera el Cobra. La acción legal contra la corporación se centra en las denuncias de que la empresa no implementó un modelo de prevención de delitos adecuado.
Según la Fiscalía, el marco de gestión de riesgos existente de Blumar no abordó explícitamente el riesgo de colisiones de buques. Al omitir incluir tales riesgos operativos en sus protocolos de prevención, la fiscalía argumenta que la empresa falló en su deber de mitigar los riesgos asociados con las actividades de su flota.
