La policía estatal de Texas empleó gas lacrimógeno el miércoles para dispersar a aproximadamente cien manifestantes congregados frente a un centro de detención de inmigrantes en Dilley, Texas. Los manifestantes exigían la liberación de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años originario de Minneapolis, detenido como parte de la campaña migratoria de la administración Trump, según reportó France 24.
La confrontación escaló cuando las fuerzas del orden texanas, vestidas con equipo antidisturbios, lanzaron gases lacrimógenos, impactando temporalmente a un periodista de AFP. Cerca de cien personas se reunieron en el Centro de Residencia Familiar del Sur de Texas, portando pancartas que acusaban a los agentes federales de aterrorizar a las comunidades.
La congresista local Christina Morales declaró a AFP que las demandas incluían el juicio político a Kristi Noem y la reducción de fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas acciones reflejan una presión política creciente sobre las agencias federales encargadas de la aplicación de la ley migratoria.
Previamente, los congresistas demócratas Joaquín Castro y Jasmine Crockett inspeccionaron la instalación, donde se encuentran detenidos el niño y otras 1.100 personas. El congresista Castro afirmó en un mensaje de video que el padre del menor indicó que el niño estaba deprimido y durmiendo mucho, insistiendo en que Ramos y su familia se encontraban legalmente en Estados Unidos.
La indignación pública surgió tras la difusión de imágenes del niño, vestido con un gorro de conejo azul y su mochila escolar, siendo retenido por oficiales que buscaban arrestar a su padre en Minneapolis. El padre, Adrian Conejo Arias, y el niño, ambos solicitantes de asilo ecuatorianos, fueron detenidos el 20 de enero al llegar a su domicilio.
Según la superintendente de la escuela del niño, Zena Stenvik, el menor fue utilizado como "cebo" por los oficiales para forzar la salida de los adultos. Un juez federal emitió un bloqueo temporal a la deportación de la familia el martes, añadiendo una capa legal al caso.
El congresista Castro también solicitó la liberación de todos los detenidos en la instalación de gestión privada, argumentando que no había "ni un solo criminal" allí, contradiciendo la retórica presidencial sobre la detención de "extranjeros criminales ilegales". Este caso pone de relieve el debate sobre la separación familiar y el trato a los menores en el sistema de detención.
El uso de la fuerza por parte de la policía estatal contra manifestantes en un sitio federal de detención subraya la fricción entre jurisdicciones estatales y federales en la implementación de políticas migratorias. Las repercusiones políticas y legales de este incidente continuarán influyendo en el debate sobre la reforma migratoria en el Congreso.
